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📥 Descarga el informe oficial acá Análisis de los dos primeros años del estado de excepción en Honduras
Antes de la instauración del estado de excepción, Honduras ya enfrentaba una alarmante crisis de violencia que comprometía gravemente la seguridad ciudadana y estabilidad social. Durante 2022, el país registró niveles críticos de criminalidad, con altas tasas de homicidios, extorsiones y otros delitos graves. Esta situación persistente llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a advertir, en 2024, que Honduras se había consolidado como el país más violento de Centroamérica y el segundo con la mayor tasa de homicidios en América Latina.
En este contexto, en diciembre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó un estado de excepción que contempla la suspensión de derechos fundamentales tales como la libertad personal, la libertad de asociación, el derecho a la reunión pacífica y la libertad de circulación. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en 19 ocasiones, extendiéndose por lo menos hasta julio de 2025, sin que haya mediado el poder legislativo en la mayoría de dichas prórrogas. Su aplicación también fue modificada escalando territorialmente: de una cobertura limitada a zonas conflictivas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula, hasta llegar a abarcar más del 50% del territorio nacional.
A un cipote de los que vivía conmigo, me lo agarraron, enfrente de donde yo vivía. Ingresaron en la calle como a las 5:00 de la tarde en una patrulla, se lo llevaron y dice que lo bajaron, y hacían tiros, y más tiros. No le disparaban a él, sino que lo hacían solo para..., como para amedrentarlo. Eran las 11:00 de la noche y yo en la farmacia esperándolo a ver si lo habían llevado y no lo habían llevado. Toda la tarde lo anduvieron golpeándolo, haciéndole disparos, le rompieron hasta la boca.
Para entender a fondo esta crisis es importante considerar el rol estructural que juegan las maras y pandillas en la violencia en Honduras. Estas estructuras criminales no solo están involucradas en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato, sino que también ejercen un control territorial efectivo que desafía a la autoridad del Estado. En muchas comunidades han establecido regímenes de facto, imponiendo normas propias y castigando a quienes no las cumplen, lo que genera un clima de constante inseguridad y miedo.
La constante exposición a la violencia ha tenido efectos profundos en la salud mental de la población. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión se han normalizado, afectando profundamente la calidad de vida y el tejido social. La normalización de la violencia, especialmente entre jóvenes, plantea además un grave riesgo de reproducción de ciclos intergeneracionales de violencia, con el potencial de reconfigurar las relaciones sociales en dinámicas más difíciles de romper.
