Ruth López es una incansable defensora salvadoreña en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la transparencia y los derechos humanos. Es abogada, defensora de los derechos humanos, profesora y madre. Cuenta con una amplia trayectoria en derecho constitucional, transparencia, justicia administrativa y derecho electoral. Su labor técnica y rigurosa en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó un legado positivo gracias a los avances en transparencia, profesionalización y acceso a la información pública. Ruth dirige la Unidad Anticorrupción y de Justicia de Cristosal, donde ha liderado acciones clave para exigir rendición de cuentas y proteger el interés público.

Un legado reconocido en todo el mundo.

Su labor ha sido reconocida por algunas de las principales instituciones del mundo dedicadas a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el estado de derecho:

• Diciembre de 2024: La BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, en reconocimiento a su labor en la promoción de la transparencia política y la rendición de cuentas pública.
• Junio de 2025: Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia, reconociendo que su detención es consecuencia de su legítima labor como defensora de los derechos humanos y no de ningún acto delictivo.
• Agosto de 2025: La Asociación de Abogados de Estados Unidos le otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos, en reconocimiento a su compromiso con la defensa del estado de derecho en contextos de represión.
• Septiembre de 2025: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares y exhortó al gobierno salvadoreño a poner fin a su detención incomunicada y a revisar su prisión preventiva.
• Noviembre de 2025: Recibió el Premio Magnitsky de Derechos Humanos 2025 en Londres durante una ceremonia centrada en "Reconocer a quienes defienden la dignidad humana frente a la represión y la impunidad".“
• Noviembre de 2025: Recibió el premio “Derecho a defender los derechos”, otorgado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos junto con la Embajada de Francia y las organizaciones Fundación Acceso, Protection International y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
• Febrero de 2026: Ruth recibió el premio Héroe Anticorrupción del Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP). Fue seleccionada entre más de 130 candidaturas públicas de personas que se enfrentan a la delincuencia organizada y la corrupción asumiendo importantes riesgos personales.
• Marzo de 2026: Recibió el premio Sir Henry Brooke 2026 por su labor en defensa del estado de derecho, un reconocimiento otorgado por la Alliance for Lawyers at Risk, una red internacional con sede en el Reino Unido que apoya a los abogados perseguidos por defender el estado de derecho.

Un defensor de los derechos humanos, blanco de ataques por parte del poder.

Debido a su notoriedad y reconocimiento nacional e internacional, Ruth López se convirtió en blanco de constantes campañas de desprestigio impulsadas por cuentas anónimas, medios de comunicación afines al gobierno y creadores de contenido vinculados al mismo. Estos ataques formaban parte de una estrategia continua para desacreditar su labor como defensora de los derechos humanos y promotora de la transparencia y la lucha contra la corrupción. También fue fotografiada por agentes durante actividades públicas, y en noviembre de 2024, su nombre apareció en una lista filtrada de personas de interés de la Policía Nacional Civil (PNC), junto con periodistas, líderes sindicales y otras figuras de la sociedad civil. La filtración, revelada por la prensa salvadoreña, expuso la vigilancia sistemática e indebida contra quienes defendían la transparencia y los derechos humanos en El Salvador. Fue un claro presagio de lo que estaba por venir.

El arresto

El 18 de mayo de 2025, a medianoche, Ruth López fue detenida arbitrariamente mediante engaño frente a su domicilio por agentes de la Policía Nacional Civil. A continuación, se produjo una cadena de irregularidades documentada:

• Estuvo incomunicada durante más de 30 horas, sin acceso a su familia ni a su equipo legal.
• La Fiscalía General presentó los cargos después de que expirara el plazo constitucional de 72 horas.
• Los cargos en su contra fueron modificados durante el proceso, lo que puso de manifiesto la falta de fundamento legal original de la acusación.
• Se impuso una orden de silencio injustificada en el caso, negando el principio de transparencia que Ruth siempre ha defendido.
• Las disposiciones asociadas al estado de excepción —un mecanismo diseñado para combatir a las pandillas— se aplicaron en su contra de forma arbitraria e inconstitucional.

Un grupo de expertos de las Naciones Unidas se pronunció sobre su caso, denunciando su desaparición forzada a corto plazo y afirmando que su detención fue un "abuso" destinado a silenciar las voces críticas en El Salvador.

En junio de 2025, la Sala Constitucional de la Corte Suprema admitió la petición de hábeas corpus presentada en su nombre, pero se negó a revisar si su detención fue arbitraria, transfiriendo el caso a un juez asignado a casos de estado de excepción y convirtiendo el mecanismo de protección constitucional en un procedimiento simbólico. Ruth López padece hipertensión crónica y requiere acceso continuo a medicamentos. Su estado de salud ha sido motivo de preocupación para las organizaciones internacionales desde el primer día de su detención.

Apoyo internacional

La detención de Ruth provocó declaraciones inmediatas de decenas de figuras nacionales e internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Human Rights y Front Line Defenders calificaron su arresto como un acto de represalia y criminalización. Coaliciones de más de 100 organizaciones firmaron cartas condenando su detención arbitraria y exigiendo su liberación.

El Senado de los Estados Unidos y figuras como el representante Jamie Raskin también pidieron públicamente su liberación.

Los autoritarios adoran la corrupción y temen rendir cuentas. El arresto de Ruth López, defensora de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, es otro ataque escalofriante contra la democracia por parte del régimen de Bukele. ¡Liberen a Ruth YA!. https://t.co/afismm2jWP

— Representante Jamie Raskin (@RepRaskin) 9 de junio de 2025

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, junto con otros expertos de la ONU hasta abril de 2026, también exigió públicamente su liberación y envió una carta formal al gobierno salvadoreño.

Estoy siguiendo de cerca la audiencia contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López en #ElSalvador. El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada.

— Mary Lawlor (@MaryLawlorhrds) 4 de junio de 2025

Situación legal actual

El 4 de junio de 2025, Ruth compareció en su audiencia inicial, tras la cual se ordenó su detención preventiva a pesar de las pruebas presentadas que demostraban sus vínculos con la comunidad y la ausencia de riesgo de fuga.

En esa misma audiencia, y a pesar de la petición de Ruth de un "juicio público", el juez ordenó que el caso permaneciera en total secreto.

En diciembre de 2025, el período de detención preventiva se extendió nuevamente. Al 18 de mayo de 2026, Ruth llevaba 365 días injustamente encarcelada, mientras que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH seguían sin aplicarse, tal como se había estipulado originalmente. Desde el 4 de julio de 2025, Ruth permanece detenida en la prisión de Izalco por denunciar la corrupción.

Su obra: ¿Qué la convirtió en una amenaza para quienes ostentan el poder?

Ruth lideró investigaciones que expusieron prácticas de corrupción sistemática dentro del gobierno de Nayib Bukele. Documentó el uso del software espía Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos, recolectó miles de firmas en oposición a la Ley de Minería Metálica y, fiel a su compromiso con la transparencia, presentó decenas de solicitudes de información pública. Durante su trabajo en Cristosal, Ruth López impulsó acciones legales que afectaron algunos de los intereses más delicados del gobierno.

• Denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas en relación con el uso irregular de fondos públicos para proporcionar agentes de seguridad de protección de pagos a personas que no cumplían los requisitos legales.
• Se emprenderán acciones legales contra el “Régimen Transitorio Especial”, que permite las compras estatales sin licitación pública, eludiendo la supervisión constitucional y abriendo la puerta a graves riesgos de corrupción.
• Un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Bandesal, que clasificaba la información relativa al uso de fondos públicos.
• Se han presentado quejas sobre el uso de fondos públicos en la implementación de Bitcoin, incluyendo una denuncia penal ante la Fiscalía General por un posible fraude relacionado con la billetera Chivo.
• Acciones legales ante el Tribunal de Bolsa y Valores (TSE) impugnando el incumplimiento por parte de los partidos políticos de los requisitos de transparencia relacionados con la financiación de las campañas, así como apelaciones contra decisiones que restringen el acceso público a dicha información.
• Denuncias relativas a presunto enriquecimiento ilícito, transferencias irregulares de bienes y la creación de puestos ficticios dentro de las instituciones estatales.
• Denuncias de corrupción durante la pandemia: presentó demandas ante la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas por presunta corrupción en la apropiación y venta de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). Asimismo, solicitó una investigación a funcionarios de la Fiscalía General por la posible omisión en la investigación de estos hechos.
• Impugnación de la reforma sobre agentes encubiertos digitales: presentó una denuncia constitucional contra las reformas del Código de Procedimiento Penal que permiten la vigilancia de las comunicaciones por parte de agentes encubiertos digitales sin autorización judicial, argumentando que las reformas violaban derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.
• Denuncia relativa al uso del software espía Pegasus: denunció públicamente la posible adquisición y uso del software espía por parte del gobierno para vigilar a periodistas y defensores de los derechos humanos, y solicitó una investigación sobre el origen de los fondos públicos que pudieran haberse utilizado.
• Crítica documentada al estado de excepción: ha sido una de las voces más firmes contra el estado de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele, denunciando las detenciones arbitrarias, las violaciones de los derechos humanos y el impacto que estas medidas han tenido en el aumento de la migración entre personas sin vínculos con organizaciones criminales.
• Representación en audiencias internacionales: representó a organizaciones salvadoreñas ante la CIDH, donde solicitó el rechazo de una reforma constitucional que abría la puerta a la reelección presidencial inmediata.
• “El caso de los 300” documenta cómo se pudieron haber entregado fondos públicos a estructuras de pandillas sin ningún tipo de supervisión institucional.
• Denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra el ministro Francisco Alabí por irregularidades en la contratación durante la pandemia, así como por el uso irregular de fondos de emergencia de Fopromid.
• Defensa de los venezolanos enviados a CECOT desde Estados Unidos: desde el primer día, exigió que se protegieran sus derechos y se hiciera justicia, sin importar su nacionalidad ni su historia personal. Esa defensa de aquellos que nadie más defiende define quién es Ruth López.

Lo que representa su caso

La detención de Ruth López no es un caso aislado. Es la expresión más clara de un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos en El Salvador y en toda la región. Forma parte, además, del mismo proceso que obligó a decenas de defensores, periodistas y agentes de justicia al exilio y que condujo a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros —aprobada sin debate en la Asamblea Legislativa— apenas dos días después de su detención.

Mientras Ruth permanece encarcelada, el mundo sigue contando los días. Y ella, firme incluso en el confinamiento, sigue exigiendo lo mismo que exigió desde el principio:

“No me van a silenciar. Quiero un juicio público.” #TenganDecencia