Rendición de cuentas por violaciones graves Justicia que perdura
La justicia transicional es un eje central del trabajo de Cristosal en Centroamérica. Acompañamos a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad, rendición de cuentas, reparación y garantías de no repetición.
Cada caso contribuye a establecer el registro histórico, asegurando que los abusos del pasado sean documentados, reconocidos y no olvidados..
Este trabajo vincula la responsabilidad legal con la preservación de la verdad, ayudando a las sociedades a enfrentar la violencia del pasado y a fortalecer la protección frente a futuros abusos.
¿Por qué la justicia transicional importa?
La justicia transicional responde a violaciones masivas de derechos humanos cometidas contra la población civil. Busca:
- Esclarecimiento de la verdad
- Rendición de cuentas
- Conmemoración y memoria histórica
- Reparaciones para las víctimas
- Garantías de no repetición
Cuando los sistemas judiciales no pueden responsabilizar a todos los perpetradores, la rendición de cuentas sigue siendo importante.. El reconocimiento sigue siendo importante. La memoria sigue siendo importante.
Nuestro enfoque centrado en las víctimas
Ponemos en el centro la experiencia y los derechos de las víctimas y sobrevivientes en cada caso.
Trabajamos junto a comunidades que llevan décadas buscando justicia. Las víctimas participan en los procesos, aportan pruebas y deciden cómo se documentan y recuerdan sus historias. La representación legal se complementa con documentación, defensa pública y acompañamiento a largo plazo.
Casos que representamos
En el sistema judicial salvadoreño, litigamos junto a la Fiscalía General de la República. A través de acciones legales sostenidas, buscamos rendición de cuentas por masacres, desapariciones forzadas y otras violaciones graves cometidas durante el conflicto armado. Nuestro objetivo es establecer precedentes legales, lograr el reconocimiento del daño causado y prevenir su repetición.
El Mozote
Cristosal representa a 99 familiares de víctimas que buscan justicia para sus seres queridos, así como a la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote en el caso de la masacre de El Mozote. Treinta y cuatro oficiales militares enfrentan cargos relacionados con la planificación y ejecución del asesinato de más de 1000 civiles en 1981. Durante la fase previa al juicio, nuestro equipo presentó una gran cantidad de pruebas, incluyendo testimonios, registros de exhumación, informes de inteligencia y más. A pesar de los avances iniciales, el caso se ha estancado y las audiencias se han pospuesto repetidamente. Tras un decreto del presidente Bukele en 2022, que modificó la edad de jubilación de los jueces a 60 años, el juez Jorge Guzmán, quien había estado a cargo del caso durante años, se vio obligado a renunciar. Estamos a la espera de que el nuevo juez acepte formalmente las pruebas y ordene el enjuiciamiento de los acusados. A pesar de las continuas demoras, el caso ha establecido un registro fáctico innegable, uno que el estado ya no puede ignorar..
El Calabozo
Cristosal representa a 49 víctimas y sus familias en el caso de la masacre de El Calabozo. Seis altos mandos militares enfrentan cargos relacionados con la planificación y ejecución de los asesinatos de más de 200 civiles en San Vicente en 1982. Tras años de negación por parte del Estado salvadoreño de que la masacre ocurrió, Cristosal presionó a las autoridades locales para que permitieran las exhumaciones. En el lugar de la masacre, recabamos horas de testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Aún en la fase previa al juicio —donde presentamos pruebas para su admisión por el juez—, el caso todavía no ha sido remitido a juicio.
San Andrés
Cristosal representa a tres familias en el caso de desaparición forzada de San Andrés. Cuatro exmiembros de un escuadrón de la muerte enfrentan cargos por la desaparición forzada y tortura de cinco personas de San Andrés, en San Miguel, en 1981. También se les acusa de crímenes de lesa humanidad. Tras la presentación de pruebas, el tribunal ordenó que los cuatro exmilitares fueran a juicio. La audiencia para fijar oficialmente la fecha del juicio se ha suspendido cinco veces. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha. Al ser el primer caso de escuadrones de la muerte en los tribunales salvadoreños, el litigio sienta un precedente para muchos otros casos de violaciones de derechos humanos cometidas por escuadrones de la muerte durante la guerra civil de El Salvador..
Caso de desaparición forzada – Familia Guzmán
Cristosal representa a Gloria Guzmán en su búsqueda de justicia por la desaparición de tres familiares a manos de fuerzas armadas durante el conflicto. Tres oficiales militares enfrentan cargos como autores intelectuales. Nuestro equipo ha comenzado a presentar pruebas en la fase de instrucción, aunque las audiencias han sido pospuestas. Tras años de búsqueda, Gloria acudió a Cristosal con la esperanza de obtener justicia. Su caso es uno de miles de desapariciones ocurridas durante la guerra; una sentencia condenatoria establecería un precedente de gran relevancia en El Salvador.
Justicia más allá de los tribunales
Cada año, las comunidades se reúnen para honrar a quienes fueron asesinados en las masacres. Llevan flores, comparten testimonios y transmiten la memoria a las nuevas generaciones. Personas sobrevivientes como María Lidia y José Armando continúan exigiendo rendición de cuentas décadas después de los hechos. Sus testimonios mantienen viva la memoria histórica y refuerzan el principio de que estas violaciones no pueden ser borradas.
Sobrevivientes como María Lidia y José Armando siguen exigiendo justicia décadas después de que ocurrieron los crímenes. Su testimonio mantiene viva la memoria histórica y refuerza el principio de que estas violaciones no pueden borrarse.
La rendición de cuentas continúa
Los esfuerzos por la rendición de cuentas no terminaron con el conflicto armado. En el contexto actual —incluyendo regímenes de excepción en Honduras y El Salvador— Cristosal continúa documentando patrones de violaciones graves a los derechos humanos y desarrollando estrategias legales para enfrentar estos abusos.
La acción legal sostenida, la documentación y la defensa pública siguen siendo esenciales para garantizar que tumba Se reconocen las infracciones y no se repetirán.
