Tegucigalpa, 19 de noviembre de 2026. Cristosal condena las masacres ocurridas este miércoles en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro, donde, según la Policía Nacional, al menos 12 personas fueron asesinadas en cuatro ataques armados. Entre las víctimas hay mujeres, menores de edad y una regidora indígena y defensora del territorio, asesinada junto a su familia. Nos solidarizamos con sus familias y con la población de Yoro.
Una estructura criminal se atribuyó los hechos y anunció represalias contra la población. No es un hecho aislado: según el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, en 2026 van al menos 33 masacres y 138 víctimas, entre ellas la de Rigores, Colón, en mayo.
El Estado democrático tiene herramientas para combatir el crimen organizado, pero la corrupción y la debilidad institucional les restan contundencia, y se termina recurriendo al populismo punitivo, que no resuelve la violencia y abandona la responsabilidad de proteger. Los estados de excepción solo son legítimos dentro del marco legal y si no se vuelven permanentes; de lo contrario, sirven para concentrar poder. Necesitamos seguridad con justicia y libertad: los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad, son indispensables para que sea sostenible.
Además, existen marcos legales para atender a las víctimas, pero sin recursos ni institucionalidad para cumplirlos. Y una población que no confía en que el Estado la protege no denuncia ni colabora con las investigaciones.
Por eso demandamos:
- Investigaciones efectivas que sancionen no solo a los autores materiales, sino a las estructuras que están detrás, hasta desmantelarlas.
- Protección urgente para comunidades, familias amenazadas y testigos.
- Programas con presupuesto para atender a las víctimas, no solo leyes.
- Una política de seguridad que responda con contundencia y respeto a los derechos humanos, sin estados de excepción permanentes.
¡La vida, la dignidad y la seguridad del pueblo hondureño no son negociables!