Violaciones del debido proceso, sobrepoblación y pocas perspectivas de justicia.
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción, que suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas. La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente. Desde marzo, policías y soldados han detenido a más de 61.000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3.000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58.000 permanecen encarceladas. Foto: Emerson Flores
(Nueva York) – Una base de datos a la cual tuvo acceso Human Rights Watch respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador. Los datos oficiales respaldan los señalamientos hechos por Human Rights Watch y Cristosal.
La base de datos, que presuntamente pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 durante el régimen de excepción en el país. La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas. El documento también respalda hallazgos anteriores, presentados por Human Rights Watch y Cristosal, sobre la sobrepoblación severa en centros penales y la muerte de personas en prisión.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción, que suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas. La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente. Desde marzo, policías y soldados han detenido a más de 61.000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3.000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58.000 permanecen encarceladas.
La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción entre marzo y agosto de 2022. También contiene información sobre los delitos de los cuales se acusa a las personas detenidas y el lugar donde fueron arrestadas.
Una fuente confiable señaló que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias. El documento también contiene información sobre los delitos imputados a los detenidos, los establecimientos de detención a los que fueron enviados y la cantidad total de personas en detención provisional. Esta información resulta consistente con los hallazgos de Human Rights Watch y Cristosal y con información publicada por las autoridades gubernamentales sobre el régimen de excepción.
La siguiente información encontrada en la base de datos plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos:
- A fines de agosto, 1.082 menores detenidos durante el régimen de excepción —918 niños y 164 niñas— habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.
- La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona. En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada.
- Más de 39.000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 por ser miembros de una “organización terrorista”. En comparación, muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %). El Salvador define el delito de “agrupaciones ilícitas” para criminalizar no sólo a las personas que lideran o participan en estos grupos criminales, sino también a quienes obtienen “provecho (…) indirectamente” de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas. El derecho salvadoreño define “organización terrorista” de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales. El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales.
- Al mes de agosto, más de 50.000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86.000 personas. De acuerdo con información oficial, al mes de febrero de 2021, el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad para 30.000 personas. Asimismo, el documento revela que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021.
- La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7.600 a 33.000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8.500 a 23.300. Según la base de datos, al mes de agosto, Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad. Otros centros de detención, como el penal para mujeres de Ilopango y el penal para hombres de San Miguel, tenían una población carcelaria seis veces superior a su capacidad. En octubre, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expresó que las mujeres detenidas en Ilopango habían sido trasladadas a otra cárcel.
Un informe de diciembre de 2022 elaborado por Human Rights Watch y Cristosal concluyó que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos. En algunos casos, los agentes también se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional.
Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos que han sufrido durante años la falta de oportunidades económicas y educativas. Los arrestos masivos han llevado a la detención de cientos de personas sin conexión aparente con las actividades delictivas de las pandillas.
Los abusos cometidos durante el régimen de excepción han sido posibilitados gracias al desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas encabezado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019. En la actualidad, no existe prácticamente ningún órgano gubernamental independiente que pueda servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos.
El gobierno también ha limitado el acceso a la información pública y ha debilitado la labor del Instituto de Acceso a la Información Pública. Las autoridades señalaron a Human Rights Watch y a Cristosal que la información sobre las personas detenidas durante el régimen de excepción era “reservada”, aun cuando se trata de información de interés público conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Las autoridades salvadoreñas deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen, señalaron Human Rights Watch y Cristosal. Esto incluye abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas.
“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales. Por eso, reiteramos el llamado a los gobiernos de la región a garantizar seguridad sin injusticias a la ciudadanía”, expresó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.