Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 2026. Fidel Zavala, una de las voces más valientes de El Salvador en la denuncia de torturas, tratos crueles y corrupción en los centros penales, fue condenado este jueves a 15 años de prisión. Su caso confirma la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, con la complicidad de un sistema judicial que da un trato desigual a quienes se atreven a alzar la voz contra las injusticias.

La condena a Fidel es política y hay que verla en su contexto: en julio de 2024, como miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), presentó un aviso penal ante la Fiscalía contra Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, y contra directores de penales, por tortura, corrupción y actos arbitrarios que él mismo presenció. Son abusos cometidos en su mayoría contra personas inocentes, como Cristosal ha confirmado en diferentes informes.

Pero en lugar de investigar esas denuncias, la Fiscalía procesó al denunciante. Después del aviso penal, la Sala de lo Penal, afín al régimen, ordenó repetir el juicio del que Fidel ya había sido absuelto. Ahora recibe una pena mayor que la del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años tras confesar un desfalco de 300 millones de dólares al Estado. En El Salvador de hoy, denunciar violaciones a derechos humanos se castiga más que la corrupción.

El encarcelamiento de Fidel pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y tortura, como lo advirtió Mary Lawlor cuando era Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Por eso, el Estado salvadoreño debe permitir que su familia y organismos internacionales independientes puedan verificar su integridad mientras esté en prisión.

Pero Fidel no está solo. En marzo de 2025, 171 organizaciones internacionales respaldaron una solicitud de medidas cautelares a su favor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en junio expresó su preocupación por su detención. Y el mes pasado, más de 100 organizaciones de 19 países, entre ellas Cristosal, exigieron su liberación inmediata y denunciaron al gobierno salvadoreño por “criminalizar a quienes se organizan en defensa de sus derechos”.

Como Cristosal, continuaremos exigiendo su libertad y la de todas las personas presas políticas del régimen. Un país seguro es uno donde se garantiza la libertad de criticar al poder. Exigir un trato justo para Fidel Zavala es defender el derecho de toda la ciudadanía a un sistema judicial imparcial e independiente. También hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse contra el ataque a las personas defensoras en El Salvador.