Ciudad de Panamá, 26 de octubre de 2026 — Las organizaciones de derechos humanos Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muertes bajo custodia, torturas, negación de atención médica, desnutrición y hacinamiento de personas privadas de libertad en los más de cuatro años de suspensión de derechos bajo el estado de excepción en El Salvador. El Estado salvadoreño no se presentó a la audiencia pública “El Salvador: situación de las personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción”, una ausencia que refleja su política generalizada de opacidad y de negación de las violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones expresaron especial preocupación por los cientos de personas que han muerto bajo custodia del Estado desde que comenzó el estado de excepción. Cristosal ha confirmado 454 muertes, entre ellas las de 33 mujeres, tres niñas y un niño, y continúa investigando docenas de casos más. Las causas documentadas incluyen violencia física y tortura, negación de atención médica, desnutrición y condiciones peligrosas de detención. En muchos otros casos, la falta de información confiable impide siquiera determinar cómo o por qué murió una persona.
Las organizaciones subrayaron que la falta de transparencia y rendición de cuentas agrava esta situación. Las familias reciben poca o ninguna información sobre las circunstancias de las muertes y enfrentan serios obstáculos para acceder a los expedientes médicos y forenses y para obtener investigaciones independientes y efectivas. Recordaron, además, que al detener a una persona el Estado asume un control excepcional sobre su vida y, con ello, una responsabilidad reforzada de protegerla contra la violencia y los daños evitables.
La CIDH escuchó, además, el testimonio de Pedro López Castellón, cuyo hermano Rafael falleció bajo custodia del Estado. Tras permanecer semanas en la morgue, el cuerpo de Rafael fue enterrado en secreto en una fosa común en La Bermeja. Su familia se enteró por casualidad 68 días después, y Pedro tuvo que recuperar personalmente sus restos. En su intervención, Pedro destacó: “Exijo justicia para mi hermano Rafael López Castellón, y exijo que paren las desapariciones y muertes bajo custodia de personas inocentes. No podemos permitir que la memoria de nuestros familiares quede enterrada en el olvido.”
En la audiencia, el Robert & Ethel Kennedy Human Rights, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario instaron al Estado salvadoreño a tomar medidas inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad física y mental de todas las personas detenidas; garantizar una atención médica adecuada; llevar a cabo investigaciones rápidas e independientes sobre todas las muertes bajo custodia, así como sobre las denuncias de tortura y malos tratos; preservar y facilitar el acceso a los registros médicos, forenses y de detención pertinentes; y asegurar que las familias de las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y recursos efectivos.
“El Salvador debe garantizar la verdad para las familias, la justicia y la rendición de cuentas por los abusos, así como medidas concretas para prevenir futuras muertes y abusos en sus centros de detención”, afirmó Isabel Carlota Roby, abogada principal del Kennedy Center for Human Rights.
Por su parte, David Morales, abogado de Cristosal, señaló: “Se trata de violaciones a los derechos humanos claramente sistemáticas y generalizadas, que han sido calificadas por entidades expertas como crímenes de lesa humanidad”.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH, entre otras solicitudes, que incluyera a El Salvador en el Capítulo IV.B de su informe anual, una sección reservada para países que experimentan colapsos graves y estructurales del estado de derecho, de las instituciones democráticas o violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tras la audiencia, las organizaciones presentarán un informe escrito a la CIDH en el que ampliarán la información presentada.
