Hoy se cumplen dos años y medio del asesinato de la hondureña Keyla Martínez dentro de una celda policial en Intibucá.
Keyla Martínez, estudiante de enfermería, se despertó como cualquier otro día y planeó reunirse con sus amigos. Esa noche fue arrestada por "quebrantar el toque de queda". El domingo por la mañana, 7 de febrero de 2021, Keyla fue encontrada muerta. Fuentes oficiales afirmaron, sin investigación alguna, que su muerte fue un suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que Keyla fue víctima de "asfixia mecánica".
Dos años y medio después, el tribunal sentenciador declaró al agente de policía Jarol Rolando culpable del delito de homicidio imprudente y no del de feminicidio agravado que solicitaba la fiscalía. Cristosal brindó apoyo técnico con orientación y reforzó la asistencia jurídica con estándares y jurisprudencia internacionales en relación con el feminicidio de Keyla.
“Este fallo es indignante. Es ridículo que los jueces hayan condenado a Jarol por homicidio imprudente. Es una burla para el pueblo hondureño, pero sobre todo para nosotros, su familia”.”
Norma Rodríguez, madre de Keyla.
Este caso es un claro ejemplo del abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la violación de derechos y la evidencia de la vulnerabilidad de la vida de las mujeres hondureñas.
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