Por Alejandra Sandoval
San Salvador, 8 de marzo de 2022. El 4 de marzo comenzaron las obras de reconstrucción a cargo de obras públicas que no habían sido consultadas con la comunidad. Representantes de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sus alrededores solicitan al Gobierno información, transparencia y respeto por la memoria histórica del lugar, donde más de mil personas fueron asesinadas durante el conflicto armado.
Representantes de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) ofrecieron una rueda de prensa en la que expresaron su pesar por la intervención de obras públicas en la plaza central y las áreas conmemorativas del poblado. Según la asociación comunitaria de derechos humanos, esta reconstrucción no se ajusta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es una falta de respeto a los lugares considerados sagrados por las familias.
“El Mozote es un lugar conmemorativo, construido sobre la lucha y el esfuerzo de toda la población. La plaza central no fue obra de ningún gobierno, sino fruto de la lucha y es el logro de las víctimas de El Mozote y de las comunidades de la zona norte de Morazán”, afirmó Leonel Claros, presidente de la APDHEM.
Añadió que solo en la zona aledaña al monumento hay unas 300 personas enterradas y que esta acción ofende la memoria histórica de la comunidad. “No nos oponemos ni estamos en contra del presidente. Nos oponemos a esto porque es sagrado. Allí se derramó sangre. Allí murieron muchas personas y vamos a defenderlo. Por eso vamos a pedirle al Estado que respete esa sección, porque es un lugar que no se puede pisotear”, declaró José Cruz Vigil, vicepresidente de APDHEM.
David Morales, director de Justicia Transicional en Cristosal, afirmó que el gobierno actual ha negado que vaya a tocar los monumentos; sin embargo, existen representaciones gráficas y evidencia digital que muestran modificaciones e intervenciones considerables en esas áreas.
“Es un lugar que representa la identidad, el dolor, la reconstrucción y la lucha por la justicia. Intervenir en él sin consultar a las comunidades, sin un proceso de asambleas comunitarias, ignorando a la asociación que representa a las víctimas, es una instrumentalización que utiliza la propaganda gubernamental”, afirmó.
Asimismo, Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal y demandante en el caso Mozote, informó que se notificó a la CIDH porque las víctimas sintieron que era una afrenta que se iniciaran estas obras públicas sin haber sido consultadas y sienten que se destruyen elementos de su identidad. “Le estamos mostrando a la Comisión que el propósito del monumento es ser un lugar de duelo por las víctimas, y es un lugar de memoria histórica”, afirmó González.
Por el momento, las obras se encuentran en la primera fase, aseguraron, pero confían en que las decisiones se tomen en estrecha colaboración con la comunidad y sus necesidades. “Para mí, es una burla a las víctimas. Al no consultarnos, al no decirnos nada, pretenden borrar nuestra memoria histórica y no podemos permitirlo”, concluyó Fidel Pérez, miembro del consejo de administración y sobreviviente de la masacre de Yancolo, Morazán.
