Las conclusiones de Cristosal sobre la manipulación del sistema judicial y el costo humano de dos años del estado de excepción.
El informe revela graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el encarcelamiento sin condena, la muerte de bebés y adultos inocentes, y el agravamiento de las desigualdades sociales y de género.
San Salvador, 10 de julio de 2024. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde marzo de 2022. Como respuesta para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país, esta “medida temporal” suspendió derechos constitucionales, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Cristosal presenta los resultados de su investigación de dos años sobre el impacto. Los efectos de estas políticas punitivas no solo han provocado la muerte de 265 personas bajo custodia estatal, sino que han tenido un efecto dominó en toda la sociedad salvadoreña, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Nuestro informe, titulado “El silencio no es una opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y fallas en la justicia en el estado de excepción”, se basa en 3643 informes de abusos o violaciones de derechos humanos que Cristosal ha recibido, 110 entrevistas y el análisis de 7742 casos de mujeres detenidas bajo el estado de excepción. Se fundamenta en una investigación exhaustiva de 265 muertes (4 de ellas de bebés) y en la sistematización y el estudio de una muestra de 1178 casos de personas detenidas entre 2022 y 2024. Encontramos lo siguiente:
- Las detenciones masivas derivadas del estado de excepción han afectado a la sociedad en su conjunto, dejando a los niños sin cuidadores principales y suponiendo una carga adicional para las mujeres;
- La tortura se ha convertido en una política de Estado, y en las cárceles y centros de detención se practican regularmente tratos crueles e inhumanos. Esto, sumado a las condiciones deplorables y la falta de acceso a atención médica, ha provocado la muerte de al menos 265 personas bajo custodia estatal, incluidos cuatro bebés.
- El sistema judicial ha fracasado y es cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo salvadoreño.
El caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años que tenía 35 semanas de embarazo cuando fue arrestada, ilustra los tres hallazgos. La Sra. Martínez fue arrestada en marzo pasado, acusada de asociación ilícita, y detenida sin pruebas. Un juez le concedió medidas alternativas a la detención 24 horas después, pero las autoridades penitenciarias donde se encontraba recluida no las acataron. Ese mismo día, otro tribunal ordenó su arresto, acusándola de un delito diferente. Tres semanas después, su familia recibió una llamada de las autoridades penitenciarias para que fueran a recoger el cuerpo de su recién nacido: Dina había perdido a su hijo mientras estaba detenida. La familia aún no tiene información sobre el estado de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal.
Cristosal ha descubierto que su caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de abusos perpetrados por el Estado salvadoreño. Su investigación revela un patrón profundamente inquietante de abusos estatales en El Salvador, con evidencia que sugiere posibles crímenes de lesa humanidad. Seguimos alertando sobre estas graves violaciones y exigimos justicia y reparación para todas las víctimas detenidas por el Estado. Cristosal exige la liberación inmediata de todas las personas inocentes injustamente encarceladas e insta al gobierno salvadoreño a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
