Por Alejandra Sandoval
En el contexto del aumento de la violencia homicida por parte de las pandillas y la respuesta del gobierno de Bukele, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos instan al Estado de El Salvador a implementar políticas integrales de seguridad ciudadana que se centren en los derechos humanos, el género y la interseccionalidad, así como mecanismos claros para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, con el fin de reducir los índices de delincuencia y las violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que la violencia en el país tiene diferentes causas estructurales y que es perpetrada por múltiples actores, que deben ser abordados responsablemente por el Estado, garantizando la protección de toda su población mediante la adopción de políticas públicas basadas en el respeto a la dignidad humana, la reparación integral a las víctimas y el debido proceso.
En una rueda de prensa, solicitaron que el enjuiciamiento del delito tuviera un enfoque científico, basado en pruebas e información técnica que permitiera una investigación criminal y estrategias reales que condujeran a la coordinación dentro del sistema de justicia penal más allá del castigo y el encarcelamiento.
Para las organizaciones, el estado de excepción agrava la respuesta esencialmente represiva del Estado y, desde su perspectiva, constituye, de hecho, una política de abuso policial en las calles, especialmente en comunidades pobres y vulnerables. Prueba de ello es que, tan solo en la primera semana, tres de las organizaciones recibieron denuncias de 26 víctimas de abuso de autoridad.
De hecho, los datos reflejan que la mayoría de las víctimas han sido víctimas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las Fuerzas Armadas de El Salvador, lo que ha dado lugar a informes de 16 detenciones arbitrarias, seis casos de intimidación y 3 casos de lesiones corporales.
Los portavoces de las organizaciones manifestaron su rechazo a la violencia en todas sus formas y expresaron su solidaridad con las familias y comunidades que históricamente sufren sus consecuencias. Como parte de la sociedad civil, contribuyen activamente a la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que enfrentan la violencia. Asimismo, brindan apoyo técnico para fortalecer las instituciones estatales en diversos ámbitos.
Además, las organizaciones ratificaron su compromiso de seguir contribuyendo al diseño y la aplicación de políticas públicas desde un enfoque de seguridad ciudadana, planes y protocolos de asistencia que garanticen el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención de la violencia, atención a las víctimas, enjuiciamiento de delitos, rehabilitación y reintegración social en el marco del respeto a los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
