Durante los doce meses transcurridos desde que se declaró el estado de excepción, se han registrado miles de casos de arrestos y detenciones arbitrarias de personas que viven y trabajan en zonas donde operan pandillas, e incluso por el simple hecho de tener tatuajes. Los detenidos no han tenido acceso a su abogado defensor ni a otros derechos básicos. De las 65 000 personas que, según el gobierno, han sido detenidas, ninguna ha sido llevada a juicio.
