Por Alejandra Sandoval
La masacre conocida como “El Calabozo” tuvo lugar los días 21 y 22 de agosto de 1982 en el cantón Amatitán Abajo de San Esteban Catarina, San Vicente. Más de 200 civiles fueron asesinados por el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Esta zona de San Vicente era considerada un bastión guerrillero por los militares, y al difundirse la noticia de la ofensiva, las comunidades de San Vicente comenzaron a huir temiendo por sus vidas. Muchos de los que se quedaron para proteger sus tierras eran ancianos, mujeres y niños pequeños.
Juan Carillo, habitante del cantón Amatitán y sobreviviente de la masacre, recordó aquel día en que varios miembros de su familia fueron asesinados mientras él, con siete años, tuvo que huir para salvar su vida. “Perdí a más de 35 miembros de mi familia aquí. Mi mamá, Orbelinda Carrillo, mis abuelos y algunos de mis hermanos también. Sufrimos un trauma psicológico. Nos dejaron solos, por así decirlo. Perdimos todo el apoyo familiar”, dijo Juan.
José y otro habitante de la zona, Juan, ven similitudes entre lo ocurrido entonces y el actual estado de emergencia, en el que la policía y el ejército detienen a miles de personas por supuestos vínculos con bandas criminales sin investigarlas. “En aquel entonces, el ejército afirmaba que todos los campesinos éramos guerrilleros, pero era mentira. Muchos terminamos uniéndonos, pero después, como respuesta a lo que había hecho el ejército”.”
40 años sin justicia
Cada año, el Comité de Víctimas y Memoria Histórica de San Esteban Catarina organiza una conmemoración para recordar a las víctimas y exigir justicia al gobierno salvadoreño. “Quienes olvidan a sus mártires no los merecen. Los mártires de El Calabozo están en nuestra memoria”, exclamó la multitud mientras marchaba en procesión desde la Casa Comunitaria de Amatitlán Arriba hasta el río Amatitlán Abajo, escenario del crimen de 1982.
David Morales, jefe de Justicia Transicional en Cristosal, aún espera la colaboración del Estado salvadoreño para lograr justicia en este caso que ha permanecido en impunidad. “Los documentos militares han sido ocultados. Esta es una posición política de las Fuerzas Armadas y del gobierno actual, que, como administraciones anteriores, Se niega a entregar los documentos y, en cambio, adopta una postura que favorece totalmente a los militares.. Sin embargo, creemos que los testimonios son contundentes. Se han realizado inspecciones en este lugar. Los sobrevivientes siguen testificando y esperamos programar nuevas audiencias en los próximos días. Creemos que la masacre es un hecho innegable”, explicó Morales.
Cristosal apoya la lucha por la justicia y la verdad. Representamos a las víctimas en los procesos penales contra los responsables de la masacre que están siendo juzgados en el juzgado de San Sebastián, San Vicente. Irene Gómez, abogada del equipo de Justicia Transicional de Cristosal, explicó que la demanda La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición “son derechos de las víctimas’.
Los familiares, las organizaciones de derechos humanos y los supervivientes de la masacre de El Calabozo los recuerdan cada 22 de agosto con música, canciones, frutas y flores, así como con una misa en su memoria.
El 14 de enero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la detención de cinco exjefes militares implicados en la masacre de El Calabozo. La masacre de Calabozo es un crimen de lesa humanidad que aún no ha superado la fase de investigación, lo que significa que la impunidad persiste 40 años después.
