Tras dos años de lucha, las familias de Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi obtuvieron justicia por sus ejecuciones extrajudiciales. Todos los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procesados en el caso fueron condenados. Esta sentencia abre una ventana para que Guatemala avance en el reconocimiento de los crímenes de odio y prejuicio, y para que impulse una depuración de la institución policial que permita combatir la impunidad frente al abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza.
El 18 de abril de 2024, Eldin y Milton Nelson se encontraron conversando en una tienda local cuando fueron detenidos ilegalmente por agentes de la subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Cuando ambos cuestionaron la detención, los agentes solicitaron refuerzos. Los policías que llegaron los esposaron y los trasladaron a la subestación, donde fueron golpeados con uso excesivo de la fuerza, sin posibilidad de defenderse y pese a sus súplicas.
De acuerdo con los testimonios, tras confesar que eran pareja, ambos fueron objeto de violencia y burlas homofóbicas. Milton Nelson Santamaría murió a consecuencia de una ruptura de la arteria aorta abdominal. Los agentes coordinaron entonces la llegada de los bomberos para trasladar el cuerpo al Hospital de Chimaltenango, con la instrucción de informar que había sido encontrado atropellado en la vía pública.
Durante los hechos, un agente envió mensajes y audios por WhatsApp a un excompañero de la Inspectoría General de la PNC, lo que permitió iniciar las primeras indagaciones en el lugar. Tras confirmarse la muerte de Milton Nelson, los agentes asesinaron a Eldin Choc, único testigo presencial de los hechos. Su cuerpo fue hallado siete días después, con señales de violencia y tortura, en un basurero clandestino ubicado en la aldea El Rosario, camino a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
El equipo legal de Cristosal acompañó a la familia de Eldin Leonel Choc Xi desde el inicio del proceso y consolidó su representación legal cuando Henry Choc, hermano de Eldin, se constituyó como querellante adhesivo en el caso.
En el ámbito jurídico, este caso incorporó varias novedades en litigio. Cristosal apoyó al Ministerio Público para que la investigación tuviera un mayor enfoque de derechos humanos y permitiera demostrar la intención detrás del crimen. Para ello aportó peritajes especializados: uno en violencia de género y otro antropológico, que ayudó a explicar el impacto que el crimen tuvo en las víctimas, sus familias y su comunidad. También contribuyó al análisis criminal que permitió reconstruir la secuencia de los hechos, las comunicaciones entre los implicados y el papel de cada uno. Además, brindó acompañamiento psicosocial a la familia, siempre con la víctima en el centro de su trabajo.
Tras tres meses de debate oral y público y 33 audiencias, todos los agentes involucrados fueron condenados.
Penas impuestas a los agentes de la PNC
- Edy Leonel Vásquez Rabanales: 60 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial en concurso real.
- Freddy Santiago Velásquez Pérez: 60 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial en concurso real.
- Mauricio Abraham Contreras Salán: 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial cometido contra Milton Nelson Santamaría.
- Yulisa Nabely Ayala Yol: 11 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y discriminación.
- Yorleni Lisbeth Macario Ramos: 11 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y discriminación.
- Ángel Mario Roquel Sajbochol: 10 años de prisión por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, y una multa de Q1,000 por omisión de denuncia.
- Jeremías Jacobo Rojas: 8 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal.
El caso de Milton Nelson y Eldin no solo evidencia la necesidad urgente de una depuración policial para combatir la impunidad, sino que también exponen el vacío legal que existe en Guatemala al no contar con un delito que tipifique los crímenes de odio y prejuicio.
La condena a los agentes de la PNC por la ejecución extrajudicial de Milton y Eldin demuestra que la transformación policial debe ser una prioridad del Estado. Esto implica pasar de una lógica centrada en el poder a una que garantiza los derechos humanos, y abrir un diálogo estructurado con la ciudadanía que coloque a la población en el centro, para romper con la impunidad frente al abuso de poder.
