Ramiro Gómez ha vivido toda su vida en San Miguel Siguilá, un pueblo de la sierra guatemalteca. Es el representante de la Comisión de Transparencia y Probidad del municipio. Sus vecinos lo eligieron para liderarla por su espíritu de resistencia y su deseo de luchar contra la corrupción.
“Me motiva luchar contra la corrupción porque es insoportable e inaceptable. Nos hemos dado cuenta de que aquí hay demasiada corrupción”.” dice Ramiro. “Mi principal motivación es luchar para denunciar a las personas que realizan actos ilegales que nos afectan a todos.”
Durante una visita de Cristosal en 2023, Ramiro recorrió una obra en construcción sin terminar y señaló tuberías rotas y deterioradas. El proyecto al que se refería Ramiro tenía como objetivo suministrar agua potable a más de 700 familias de la zona, pero nunca se llevó a cabo. La comunidad de Ramiro sigue sin agua corriente.
La lucha contra la corrupción ha sido el pilar de la resistencia indígena en Guatemala durante décadas. Se han realizado numerosos intentos para combatirla, alcanzando un punto álgido de apoyo nacional e internacional con la creación y el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en 2006. La élite gobernante de Guatemala llegó a tener el poder suficiente para disolver la Comisión en 2019 e intentó rápidamente revertir los avances logrados.
“Seguiremos estando a la vanguardia de estas luchas para que se protejan nuestros derechos y se respete a los pueblos indígenas y a los pobres”.
Ramiro y otros miembros del comité han dedicado los últimos dos años a reunir las pruebas necesarias para investigar casos de corrupción y otras injusticias en su comunidad, incluido el proyecto de agua que nunca se puso en marcha. Es aquí donde el equipo de Justicia y Anticorrupción de Cristosal puede ayudar. Con el conocimiento de la comunidad y las herramientas de Cristosal, presentaron sus pruebas ante las oficinas gubernamentales de fiscalía y auditoría. La fiscalía fue enviada a investigar el lugar y el expediente se reabrió, revelando que se asignaron al menos 180 puestos ficticios a personas que nunca trabajaron allí.
En Cristosal entendemos que la participación ciudadana y comunitaria es fundamental en la lucha contra la corrupción. Así es como las personas defienden sus derechos humanos. Nuestros equipos profesionales acompañan a las comunidades para reunir pruebas que respalden sus casos. El empoderamiento implica un esfuerzo colectivo donde cada voz cuenta en estas comunidades que han sido marginadas durante demasiado tiempo.
