Familiares de El Bajo Lempa esperan respuesta a sus quejas, pero las autoridades no las atienden.

Cristosal continúa acompañando al Comité de Familiares de Víctimas del Estado de Excepción de Bajo Lempa, en su segunda visita a la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos, en busca de la pronta y efectiva mediación de la institución.

Un miembro de esta comunidad fue arrestado en abril de 2022, al amparo del estado de excepción. El Tribunal Especializado de Instrucción ordenó su liberación en septiembre y dispuso alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no han acatado esta medida y aún no lo han puesto en libertad. 

“Para quienes afirman que no existen denuncias sobre el estado de excepción, aquí hay 43 denuncias solo de El Bajo Lempa de personas acusadas y detenidas arbitrariamente sin obtener respuesta de las autoridades”, menciona Abraham Abrego, director de litigios estratégicos, refiriéndose a la entrevista donde el comisionado presidencial de derechos humanos niega categóricamente la existencia de denuncias o maltrato bajo el estado de excepción. “Los reingresos a prisión al salir de las cárceles son una práctica común, como lo evidencia el reciente informe Cristosal”.

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