Las recientes elecciones presidenciales y legislativas en El Salvador se caracterizan por irregularidades y acciones que podrían constituir un delito de fraude electoral, tanto en el período previo a las elecciones como durante el día de las mismas y en los días posteriores. Cristosal supervisó el proceso electoral y detectó violaciones de la Constitución y de la ley electoral, entre las que se incluyen las siguientes:
- El gobierno utilizó el estado de excepción como herramienta para coaccionar e intimidar a la población durante las semanas previas a las elecciones, incluyendo el despliegue militar en algunas zonas del país.
- La Asamblea Legislativa aprobó una reducción del número de municipios y representantes sin ninguna base técnica, para favorecer al partido gobernante en estas elecciones y no dejó tiempo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para adaptarse a estos cambios.
- La Asamblea Legislativa y el gobierno central estrangularon financieramente a sus oponentes políticos al negarles su derecho legal a acceder a la financiación de sus campañas electorales.
- El presidente, que no cumplía los requisitos constitucionales para la reelección, sus ministros y miembros del Congreso utilizaron recursos estatales para su campaña. Además, infringieron las normas electorales al distribuir paquetes de alimentos e inaugurar obras públicas. Asimismo, interfirieron indebidamente en el proceso electoral y el TSE no respondió.
- El TSE demostró negligencia al permitir una candidatura inconstitucional, al no garantizar la participación equitativa entre los partidos y al ignorar las irregularidades ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones.
- La TSE no gestionó de forma transparente el voto en el extranjero al no informar sobre los procedimientos para garantizar la fiabilidad del proceso.
- El TSE no garantizó la certeza de los resultados debido a fallas logísticas, administrativas y tecnológicas. Tampoco aseguró la custodia de las papeletas electorales ni de las actas de las mesas de votación.
Los informes presentados por las distintas delegaciones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, también comparten estas conclusiones y la preocupación de que el proceso no haya cumplido con los estándares internacionales de legitimidad.
Todos estos problemas menoscaban el libre ejercicio de los derechos políticos de los salvadoreños, desalentando la participación política en todos los niveles: como votantes, candidatos, observadores o miembros de mesas electorales, y como miembros activos de partidos políticos y organizaciones sociales. Esto, en la práctica, suprime la pluralidad política y viola el artículo 85 de la Constitución salvadoreña, que establece que “la existencia de un solo partido oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecida en esta Constitución”.
Cristosal insta a las instituciones salvadoreñas a cumplir con su función de garantizar un proceso electoral justo y transparente. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía para que se mantengan vigilantes y continúen monitoreando el proceso, a fin de garantizar el respeto a la voluntad del pueblo.
