El Estado salvadoreño sigue fallando a las víctimas de crímenes de guerra, al tiempo que protege a los responsables de diversos crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidos crímenes de lesa humanidad, al retrasar los procedimientos judiciales, bloquear la divulgación de documentos militares y, ahora, archivar proyectos de ley en nombre de las víctimas.
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa archivó el pasado lunes 13 de mayo el proyecto de ley sobre justicia transicional presentado por organizaciones de la sociedad civil, así como los proyectos de ley sobre la búsqueda, localización y protección de personas desaparecidas y otro sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Al actuar de esta manera, la recién investida Asamblea Legislativa da la espalda a las víctimas. Demuestra un flagrante desprecio por el arduo trabajo realizado por las diversas organizaciones y grupos de víctimas que participaron en la elaboración de las leyes propuestas. Esta acción, a su vez, ignora las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, así como las de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sigue existiendo una necesidad urgente de buscar justicia para las víctimas del Estado, especialmente en un país que ha negado la verdad y la reparación a decenas de familias tras décadas de lucha por la memoria de sus seres queridos. Un ejemplo de ello es el caso de El Mozote, una de las mayores masacres de América Latina.
Algunos casos llevan más de 40 años esperando justicia. Si los órganos judiciales y legislativos están del lado de las víctimas, deben agilizar el proceso para llevar a los culpables ante la justicia. Además, si el gobierno está comprometido con la verdad y la justicia, debería abrir los archivos militares.
Ante estas decisiones que violan el derecho a la verdad y la justicia de todos los salvadoreños, Cristosal seguirá apoyando a las víctimas como lo ha hecho durante más de dos décadas, porque nuestro compromiso es con un país mejor, que solo puede construirse con justicia y reparaciones.
El Estado salvadoreño sigue fallando a las víctimas de crímenes de guerra, al tiempo que protege a los responsables de diversos crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluidos crímenes de lesa humanidad, al retrasar los procedimientos judiciales, bloquear la divulgación de documentos militares y, ahora, archivar proyectos de ley en nombre de las víctimas.
La Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa archivó el pasado lunes 13 de mayo el proyecto de ley sobre justicia transicional presentado por organizaciones de la sociedad civil, así como los proyectos de ley sobre la búsqueda, localización y protección de personas desaparecidas y otro sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Al actuar de esta manera, la recién investida Asamblea Legislativa da la espalda a las víctimas. Demuestra un flagrante desprecio por el arduo trabajo realizado por las diversas organizaciones y grupos de víctimas que participaron en la elaboración de las leyes propuestas. Esta acción, a su vez, ignora las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, así como las de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sigue existiendo una necesidad urgente de buscar justicia para las víctimas del Estado, especialmente en un país que ha negado la verdad y la reparación a decenas de familias tras décadas de lucha por la memoria de sus seres queridos. Un ejemplo de ello es el caso de El Mozote, una de las mayores masacres de América Latina.
Algunos casos llevan más de 40 años esperando justicia. Si los órganos judiciales y legislativos están del lado de las víctimas, deben agilizar el proceso para llevar a los culpables ante la justicia. Además, si el gobierno está comprometido con la verdad y la justicia, debería abrir los archivos militares.
Ante estas decisiones que violan el derecho a la verdad y la justicia de todos los salvadoreños, Cristosal seguirá apoyando a las víctimas como lo ha hecho durante más de dos décadas, porque nuestro compromiso es con un país mejor, que solo puede construirse con justicia y reparaciones.
