Cristosal presenta su análisis de la acumulación de bitcoins en El Salvador a través de donaciones privadas, transacciones realizadas sin cumplir con los estándares internacionales de transparencia fiscal, sin evidencia de que las autoridades cumplieran con sus obligaciones contra el lavado de dinero, y a pesar del compromiso hecho con el FMI de “mantener sin cambios el total de bitcoins en poder del sector público”. El documento examina cómo el Gobierno, si bien cumplió con los objetivos macroeconómicos del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) acordado en 2025, incumplió repetidamente las condiciones estructurales sobre bitcoin, gobernanza y transparencia. Con base en el informe de evaluación mutua de GAFILAT de 2024, los estándares del GAFI sobre activos virtuales y el fraude pasado que involucró a Chivo Wallet, identifica cuatro riesgos: lavado de dinero, incumplimiento de la implementación práctica de la Regla de Viaje, vulnerabilidades en el sector inmobiliario y el programa Pasaporte de la Libertad, y la posibilidad de que las donaciones funcionen como sobornos por adelantado, punibles bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la FCPA. El análisis concluye que el Estado debe revelar las identidades, los montos y las fechas de los donantes; Realizar la debida diligencia exigida por la Ley contra el Blanqueo de Capitales y Activos; auditar la trazabilidad de los fondos en la cadena de bloques; y subsanar las deficiencias regulatorias en materia de donaciones de criptoactivos y financiación política. Asimismo, argumenta que el FMI solo ha exigido el cumplimiento formal de los parámetros estructurales, una indulgencia que ha fomentado el incumplimiento.

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