José Miguel Cruz
¿Son incompatibles los derechos humanos con la seguridad pública? El aparente y ampliamente difundido éxito del Estado de Excepción de Nayib Bukele en El Salvador ha puesto esta cuestión en el debate público de toda la región. Bukele y sus funcionarios han declarado explícitamente que los derechos humanos obstaculizan la seguridad y el bienestar de la población. El gobierno salvadoreño afirma que, para reducir la violencia y aumentar la seguridad, especialmente entre los olvidados por el sistema, es necesario ignorar los derechos humanos y eliminar las garantías legales que otorga la Constitución salvadoreña. Dichos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esta visión no es nueva. Tampoco lo es el modelo de seguridad de Bukele. En El Salvador, los esfuerzos por desacreditar la primacía moral de los derechos humanos comenzaron inmediatamente después de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992. Dichos esfuerzos se materializaron en repetidas campañas para ignorar los mecanismos del debido proceso en la lucha contra la violencia criminal a lo largo de la década de 1990. Las campañas fueron lideradas por dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales que denunciaron la protección de los derechos como obstáculos para reducir los crecientes niveles de delincuencia. Una de las primeras medidas oficiales en esas campañas fue la Ley de Emergencia Transitoria Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. La Asamblea Nacional aprobó esta ley en marzo de 1996. El proyecto de ley ignoró algunas garantías constitucionales para los detenidos y permitió al sistema judicial procesar a menores infractores como adultos. La aprobación de la ley estuvo rodeada de iniciativas para aumentar las penas por ciertos delitos, un debate para aprobar la pena de muerte y un intento de promulgar una ley que autorizara la creación de patrullas civiles armadas para combatir la delincuencia.
Este enfoque de mano dura contra el crimen y sus discursos alcanzaron su máxima expresión en julio de 2003 con la promulgación del Plan Mano Dura. Esta política estuvo acompañada de una ley contra las pandillas que prohibía la pertenencia a ellas. Además, facultaba a la policía para detener a cualquier joven basándose únicamente en su apariencia y sin ninguna prueba de que hubiera cometido un delito. Tras las elecciones presidenciales de 2004, la política se reforzó con el Plan Super Mano Dura, que incrementó el despliegue de unidades antipandillas en las comunidades y buscaba promulgar nueva legislación contra las pandillas.
Estos programas resultaron en una popularidad arrolladora y victorias electorales para sus defensores. Sin embargo, una y otra vez, tras el entusiasmo inicial, las políticas punitivas dejaron un rastro de más violencia en las calles y corrupción generalizada en las instituciones. La delincuencia se disparó tras las represiones gubernamentales. Además, ante la ausencia de políticas que abordaran los problemas subyacentes de inseguridad, las instituciones de justicia penal que habían sido reformadas para promover el estado de derecho terminaron contribuyendo a la espiral de violencia, abusando de los derechos de las personas y perpetuando la impunidad.
En todos los sentidos, el modelo de seguridad de Bukele es una repetición extrema de políticas anteriores que fracasaron. Dichos planes no solo buscaban solucionar el problema de la inseguridad mediante medidas draconianas y el desprecio por los derechos humanos, sino que también constituían una estrategia política para ganar simpatías y votos populares. Hasta ahora, Bukele ha tenido éxito en ambos. Pero si la historia nos enseña algo, es muy probable que la aparente hazaña de desarticular pandillas y reducir el número de delitos dé paso a nuevas formas de organizaciones criminales y a nuevas oleadas de violencia.
El éxito del estado de excepción de Bukele no solo radica en la aplicación radical y generalizada de medidas represivas punitivas, sino también en acuerdos sistemáticos, aunque secretos, con pandillas y grupos criminales. Como han documentado diversas fuentes fidedignas, el gobierno salvadoreño ha logrado neutralizar una posible reacción violenta a sus acciones represivas mediante la negociación con los líderes de esos mismos grupos.
Una vez más, este no es un enfoque nuevo para abordar el problema de la delincuencia violenta en El Salvador. El caso más conocido es la tregua entre pandillas negociada por el gobierno en 2012, que logró reducir los homicidios durante casi dieciséis meses. Sin embargo, les dio a las pandillas suficiente margen de maniobra y privilegios para reorganizarse y afianzar su control sobre la población salvadoreña. Las negociaciones clandestinas con grupos criminales se han utilizado repetidamente en El Salvador y otros países para lavar la imagen de líderes políticos deseosos de mostrar resultados en materia de seguridad. En realidad, la estrategia de seguridad de Bukele es una versión híbrida de dos enfoques que han demostrado ser desastrosos para la seguridad ciudadana en el pasado. Además, esta estrategia tiene la circunstancia agravante de que, a día de hoy, no existe en el país ninguna institución pública con capacidad para supervisar las acciones del gobierno, detener sus abusos y proteger los derechos de los más vulnerables.
¿Existe entonces una alternativa a la estrategia de Bukele que suprime los derechos humanos? La respuesta breve es sí. La respuesta extensa es que cualquier plan público que abuse sistemáticamente de los derechos de un grupo de individuos no constituye una política de seguridad, ya que se basa en la vulnerabilidad sistémica de muchos. El éxito del Estado de Excepción se fundamenta en la posibilidad de que cualquier individuo o institución con poder político pueda someter a una persona con la excusa de su propia seguridad privada.
Es fundamental construir una estrategia de seguridad ciudadana eficaz y basada en los derechos humanos, que aborde los factores estructurales —económicos, institucionales y culturales— que históricamente han generado violencia. Esta estrategia debe comenzar por recuperar los principios democráticos que inspiraron los Acuerdos de Paz. Dichos principios impulsaron reformas institucionales en el sistema de justicia penal. Una estrategia constructiva de seguridad ciudadana también debe destinar recursos sustanciales a la generación de capital humano y social en las numerosas comunidades marginadas de la región, que representan a la mayor parte de la población. Esto implica inversiones amplias y sostenidas en educación y servicios sociales.
Esta no es una tarea sencilla, ya que también implica un esfuerzo político. Abordar las causas multifacéticas de la inseguridad lleva tiempo. Requiere determinación política y paciencia estratégica para transformar la relación de las instituciones estatales con las comunidades marginadas afectadas por la inseguridad. También podría requerir procesos políticos similares a los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) para ayudar a las pandillas y grupos criminales a disolver sus organizaciones y retomar medios lícitos de subsistencia y desarrollo. Como parte de estos procesos, es necesario empoderar a las comunidades y organizaciones sociales que trabajan para reducir los espacios de gobierno criminal en esas mismas comunidades. Asimismo, requiere coordinación estratégica con las fuerzas del orden y las instituciones de justicia penal para adoptar modelos de justicia restaurativa.
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en esta estrategia. Iglesias y grupos religiosos ya han trabajado arduamente para transformar la vida de las personas y las comunidades. Algunas de ellas, junto con organizaciones de derechos humanos, han sido cruciales en la defensa de los más vulnerables y en la promoción de acciones que priorizan los derechos humanos en su seguridad. Debemos aprender de su experiencia para asegurar el futuro.
