Han pasado 42 años, pero María Lidia recuerda aquella noche como si fuera ayer. “Podía oír los gritos, esa fue la parte más difícil”, dice, respirando hondo, “Sobreviví, pero fue un milagro”.”
El 22 de agosto de 1982, en el mismo lugar donde nos encontramos, las fuerzas armadas salvadoreñas del Batallón Atlacatl dispararon y mataron a más de 200 civiles desarmados, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Esta masacre sería conocida posteriormente como “El Calabozo”.
“¡Viva nuestros mártires!”, grita la multitud al son de la suave música de guitarra. Hoy, como cada año en el aniversario, la comunidad se ha reunido para honrar la memoria de aquellos asesinados a sangre fría.
El acto conmemorativo comienza con una peregrinación desde la Casa Comunitaria de Amatitlán Arriba hasta el río Amatitlán Abajo. El sendero está cubierto de lodo tras la tormenta de ayer, pero esto no ha disuadido a las casi cien personas que acudieron hoy. José Amado García, con el fin de que asista la mayor cantidad de gente posible, coloca una rama caída y tiende la mano para ayudar a las personas a cruzar un tramo resbaladizo.
“Nuestros seres queridos eran seres humanos y no pueden ser olvidados… El gobierno quiere borrar la sangre que se derramó y eso no es justo”, afirma José Amado. Explica que durante décadas el gobierno salvadoreño negó que la masacre hubiera ocurrido. “Por eso necesitamos eventos como este”, añade, “para recordar”.
Irene Gómez, abogada del programa de justicia transicional de Cristosal, también acompañó el evento y compartió unas palabras antes de la misa. “La memoria histórica es importante para no repetir los mismos patrones del pasado”, dijo, “pero también necesitamos justicia”.”
El largo camino de El Salvador hacia la justicia
El Calabozo es uno de los varios casos de guerra que forman parte de la iniciativa en curso para lograr la justicia transicional en El Salvador. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la justicia transicional “abarca todo el espectro de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de superar el legado de conflictos, represión, violaciones y abusos a gran escala del pasado”. Más de cuarenta años después de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, los sobrevivientes y las víctimas aún luchan en lo que en El Salvador ha sido una batalla cuesta arriba.
“Para comprender la justicia transicional en El Salvador, hay que recordar que existía una ley que nos prohibía juzgar estos casos hasta 2016”, afirma David Morales, director del programa de justicia transicional de Cristosal.
En 1993, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de amnistía general que eximía de enjuiciamiento a los autores de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, en 2016, la Corte Suprema anuló la ley por 4 votos contra 1, al considerar que la amnistía por crímenes de lesa humanidad violaba el derecho internacional. Pronto, las víctimas podrían comenzar a presentar sus demandas.
Cristosal se sumó al caso de El Calabozo en 2017, colaborando con el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) como uno de los representantes legales de las víctimas en el proceso penal contra seis altos mandos militares responsables de planificar y ejecutar la masacre. Sin embargo, el caso se encuentra estancado. No se han celebrado audiencias desde las exhumaciones realizadas en los alrededores del río en 2018.
Más retrasos y obstáculos
“Solo quiero que se haga justicia en vida”, dice José Armando. Se siente frustrado, pues afirma que, a pesar del aparente apoyo del gobierno actual a la justicia transicional, él y los demás sobrevivientes se sienten abandonados ante la falta de condena de los responsables.
Irene comparte su frustración. “Existe lo que llamamos un “doble discurso”, donde el gobierno dice que apoya a las víctimas, pero en realidad apoya a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad”, afirma, y añade: “Hasta el momento, el juez aún no ha emitido las órdenes de arresto contra los militares acusados”.”
Esta frustración se siente no solo en El Calabozo, sino en todo el país, entre sobrevivientes y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra. En El Mozote, miembros del Comité de Derechos Humanos de El Mozote explican la falta de avances en el caso contra los autores materiales e intelectuales de la masacre ocurrida el mismo año que en El Calabozo, también a manos del Batallón Atlacatl.
“Es una lucha cuesta arriba, porque el Estado aún tiene que cumplir en muchos aspectos. Siempre hemos estado aquí exigiendo, sobre todo, justicia. Pero el proceso lleva dos años paralizado y no sabemos qué va a pasar”, afirma María Eugenia Arguete, representante de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).
A cuatro horas al norte, casi en la frontera con Honduras, se encuentra la ciudad de El Mozote, escenario de la mayor masacre de la historia reciente de Latinoamérica. El 6 de diciembre de 1981, miembros del Batallón Atlacatl masacraron a casi 1000 civiles. En la plaza central se alza un monumento, similar al de El Calabozo, que enumera los nombres y edades de todas las víctimas en una serie de placas colocadas contra una pared. Aproximadamente la mitad de las placas incluyen los nombres de niños.
Cuando el caso se reabrió en 2017, Cristosal se convirtió en el principal representante legal de las familias de las víctimas, como María Eugenia. Sin embargo, en los últimos años, el caso se ha enfrentado a serios obstáculos.
En 2021, el juez Jorge Guzmán, quien supervisaba el caso, se vio obligado a renunciar luego de que el presidente Bukele emitiera un decreto para cambiar la edad de jubilación obligatoria de los jueces a 60 años. Hasta 2024, no se han celebrado nuevas audiencias.
María Eugenia afirma que, si bien el presidente Bukele dice apoyar la justicia, después de tantos años sus acciones demuestran lo contrario: han frenado el progreso y trivializado la experiencia de las víctimas. En el lugar de la masacre, el gobierno salvadoreño facilitó mejoras en la zona, construyendo un muro conmemorativo en el patio detrás de la iglesia y una fuente en la plaza central.
“Ahora mismo estamos viendo la fuente, pero no nos ha servido de nada. Para nosotros, este lugar es sagrado, pero el gobierno quiere convertirlo en un destino turístico”, dice María Eugenia.
Al igual que José Armando, María teme no vivir para ver un veredicto de culpabilidad…
La historia se repite.
“La justicia transicional se trata de sanación colectiva”, dice Irene. “Obviamente, queremos que las víctimas de los crímenes vean que se hace justicia en vida, pero va más allá. Sin justicia, no hay manera de garantizar que estos crímenes no se repitan”, añade.
Como una de las abogadas más jóvenes del equipo, Irene forma parte de una nueva era para la justicia transicional, donde la juventud se suma a la lucha por la rendición de cuentas por los crímenes del pasado de El Salvador. “Para mí, es un honor y un privilegio trabajar con las víctimas del conflicto armado interno”, afirma. Subraya la importancia de involucrar a los jóvenes en este trabajo, especialmente al observar que los patrones de represión contra la población civil se repiten bajo el estado de excepción.
“La represión contra la población civil, que ahora vemos perpetrada por la policía, fue un elemento crucial en el comportamiento del Estado durante el conflicto armado”, afirma, y añade: “Esto es lo que estamos viendo con el estado de excepción. Las fuerzas estatales están llevando a cabo desplazamientos forzados, violencia sexual y tortura”.”
En el informe de Cristosal sobre el segundo año del estado de excepción, encontramos patrones de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado, que han resultado en más de 80.000 personas detenidas y 265 muertes bajo custodia estatal.
“Durante años dijimos que si no se hacía justicia por el pasado, habría más violaciones en el futuro”, dice David, “Y ahora estamos viendo cómo se cumple esa premisa”.”
David, sin embargo, siente esperanza, sobre todo ahora que más jóvenes se suman al movimiento de derechos humanos, exigiendo justicia para el pasado y denunciando las violaciones que ocurren actualmente. “Son los jóvenes quienes continuarán esta lucha”.”
De hecho, los jóvenes desempeñaron un papel fundamental en la organización del homenaje de hoy. Alfonso Ramírez es uno de los guitarristas que colaboró con un comité juvenil para organizar la logística del evento. “Yo no estuve allí [durante la masacre], pero escuché la historia de los mayores y estoy involucrado para asegurar que las futuras generaciones conozcan lo que sucedió”, afirma, y añade: “Un pueblo sin memoria no tiene identidad”.”
María Lidia toma asiento junto a Alfonso cuando este deja de tocar la guitarra. Tras un último silencio, una joven activista toma el micrófono y comienza a hablar. María Lidia exhala y cierra los ojos, escuchando.
