Nos solidarizamos con las familias de las 39 víctimas del trágico incendio en las instalaciones del INAMI en Ciudad Juárez, quienes fallecieron en busca de oportunidades y acceso a derechos que no estaban garantizados en sus países de origen. 

Ofrecemos el sistema de protección en Guatemala, El Salvador y Honduras para brindar apoyo psicosocial a las familias. 

Solicitamos a los Estados que garanticen el acceso a la justicia a las familias de las víctimas, investigando y determinando la responsabilidad por lo ocurrido. 

También hacemos hincapié en la urgencia de garantizar políticas de atención humanitaria digna para los migrantes en los países de tránsito.

Instamos a las autoridades de la región a que implementen políticas a largo plazo para abordar los aspectos estructurales de la migración y evitar que este fenómeno contribuya a la desintegración familiar y afecte el bienestar de las comunidades.

Hacemos un llamamiento a los países de origen para que proporcionen una atención psicosocial adecuada a estas familias. 

Como organización regional de derechos humanos, instamos a los gobiernos a aunar esfuerzos para garantizar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes.