Por Alejandra Sandoval
Cristosal, en nombre de 66 víctimas de comunidades organizadas en Usulután, El Salvador, presentó una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la CIDH por violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante el estado de excepción.
Según la denuncia, todas las detenciones fueron arbitrarias, sin motivo alguno ni orden previa de la policía, la fiscalía o la justicia. Los detenidos fueron enviados inmediatamente a prisiones donde convivieron con presos condenados y con personas en espera de juicio. Las familias no recibieron información sobre el paradero, el estado de salud ni la situación legal de los detenidos, y estos no tuvieron acceso a sus familias ni a sus abogados defensores. Se desconoce si los detenidos sufrieron tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura.
Tras 15 días, los detenidos fueron llevados ante un juez, y la mayoría fueron acusados de pertenecer a pandillas o de colaborar con ellas. Durante la audiencia inicial, no se les permitió comunicarse con sus abogados y permanecieron recluidos junto con decenas o cientos de otros detenidos sin derecho a ser escuchados.
Antes de la denuncia presentada ante la CIDH, se habían presentado peticiones de hábeas corpus en la Sala Constitucional en nombre de las víctimas, pero ninguna había sido admitida o resuelta hasta la fecha, salvo con reservas y, en algunos casos, declarada inadmisible.
Cristosal y las familias de las víctimas solicitan a la CIDH que pida al Estado salvadoreño:
- Adoptar medidas para proteger la vida y la integridad de las víctimas durante su detención, así como garantizarles el acceso a una atención médica adecuada.
- Para permitir el acceso a los representantes legales y a los familiares, así como para informarles sobre su salud y su situación legal.
- Adoptar medidas para reducir el hacinamiento e informar sobre las acciones realizadas. Todo ello debe contar con el consentimiento de las personas afectadas y sus representantes.
