Entre los hallazgos preocupantes del monitoreo realizado por Cristosal sobre las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y parlamentarias centroamericanas de El Salvador de 2024 se encuentran informes de detenciones arbitrarias, arrestos de líderes comunitarios, el uso de cuotas diarias de arresto por parte de las fuerzas del orden, el nuevo arresto de personas previamente liberadas, el establecimiento de cordones militares y policiales en las comunidades, así como la presencia militar en los centros de votación.
Estos incidentes ponen de manifiesto la necesidad de defender los derechos humanos, especialmente en el contexto actual de El Salvador, donde se celebraron las primeras elecciones bajo estado de excepción desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Además, fue la primera vez desde 1935 que un presidente se postuló para un segundo mandato consecutivo, ya que esta práctica está prohibida en al menos seis artículos de la Constitución.
Las acciones de las fuerzas de seguridad —las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC)—, sumadas a las violaciones de la Constitución y al uso del Estado para influir en las votaciones, tienen graves consecuencias para los derechos humanos, especialmente para los derechos políticos y civiles. Según los estándares internacionales, las elecciones se consideran democráticas no solo cuando existe sufragio universal, sino que también deben celebrarse en un ambiente de libertad, transparencia y sin coacción. De acuerdo con las investigaciones de Cristosal, estas condiciones no se cumplieron en las últimas elecciones.
Mediante un exhaustivo seguimiento de los medios de comunicación, verificación sobre el terreno, encuestas en línea y entrevistas con líderes comunitarios de diferentes partes del país, Cristosal detectó desde el principio un aumento en el número de detenciones arbitrarias. Durante el período de la campaña, Cristosal hizo un seguimiento de las detenciones reportadas a través de las cuentas oficiales de la PNC y la FAES: en enero se registraron 513 detenciones, en febrero la cifra de personas detenidas se redujo a 255, y se registraron 12 detenciones durante los dos primeros días de marzo.
El equipo de investigación de Cristosal halló parte de la explicación del aumento de las detenciones diarias en los informes sobre la reactivación de las cuotas diarias de arresto de la PNC y la FAES en distintas zonas del país, una práctica común al inicio del régimen del estado de excepción en 2022. El equipo también confirmó la recaptura de personas previamente detenidas durante el estado de excepción, luego de que los jueces las liberaran bajo medidas cautelares distintas a la detención. La recaptura en estas circunstancias viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Esta práctica provocó la migración de jóvenes y familiares de las personas arrestadas en al menos cinco comunidades.
De las 412 personas que respondieron al formulario de observación electoral de Cristosal, 541 informaron de la presencia de personal militar cerca de sus domicilios y en las zonas aledañas, así como dentro de los centros de votación. Además de la revisión de documentos, también se reportó que los soldados intimidaron a la población. El once por ciento de estos informes alertaba sobre la instalación de puestos de control y acciones intimidatorias como forma de interferir con la libertad de circulación y el libre ejercicio del voto.
Como parte de la investigación, Cristosal entrevistó a 14 líderes comunitarios en las zonas donde se produjeron detenciones masivas. Estos destacaron que muchas de las personas arrestadas no tenían vínculos con pandillas, incluidos dos líderes comunitarios.
El equipo de Cristosal también documentó irregularidades ocurridas durante las jornadas electorales, entre las que se incluyen amenazas a simpatizantes y candidatos de partidos de oposición, vigilancia, obstrucción y toma de fotografías de observadores electorales y periodistas por parte de miembros del partido gobernante. Estas acciones vulneraron derechos como la libertad de prensa, entre otros.
Tanto los medios de comunicación como la investigación de Cristosal indican que las elecciones de 2024 estuvieron marcadas por la intimidación y las amenazas proferidas por miembros del partido gobernante, especialmente el día de las elecciones.
Tras la experiencia de las elecciones del 4 de febrero, marcadas por diversas irregularidades, la población demostró su desconfianza en el proceso con una alta tasa de ausentismo en las urnas. Según información del Tribunal Supremo Electoral, 2,9 millones de personas votaron en las elecciones presidenciales y legislativas, y tan solo 1,6 millones lo hicieron en las elecciones para concejos municipales y el Parlamento Centroamericano, la participación más baja en la historia reciente del país.
Con base en estas investigaciones, Cristosal concluyó que las elecciones salvadoreñas de 2024 violaron derechos políticos, incluyendo el derecho a elecciones libres, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión. La investigación también confirmó que el estado de excepción se utilizó como instrumento político para coaccionar a la población. La organización insta al Estado salvadoreño a respetar los derechos humanos y garantizar la separación de poderes. Asimismo, exhorta a la comunidad internacional a mantenerse vigilante y monitorear la situación en el país.
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