La masacre de El Mozote y sitios aledaños fue una acción militar estatal ejecutada entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, que arrebató la vida a cerca de mil personas civiles de cantones y caseríos del norte de Morazán, El Salvador, que incluyen El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Pando.
Han pasado cuatro décadas de este delito de lesa humanidad y las víctimas sobrevivientes y los familiares de los asesinados, siguen sin obtener justicia y garantías de no repetición.
Bajo las órdenes del Alto Mando de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de El Salvador los pobladores civiles de esa zona fueron víctimas de persecución, ejecuciones masivas, violaciones sexuales, torturas, y destrucción de propiedades y de animales de crianza, en el marco de una operación de contrainsurgencia llamada “Operación rescate” planificada y ejecutada por el Estado.
De acuerdo con el Registro único de víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la masacre de El Mozote, creado por el Estado salvadoreño a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron ejecutadas por el Ejército 978 personas, de las cuales 553 eran menores de edad, 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de seis.
Una Ley de Amnistía fue aprobada en 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz, y esto impidió que las víctimas y familiares de víctimas de delitos ocurridos durante el conflicto armado, pudieran obtener justicia.
Las víctimas de la masacre de El Mozote siguieron luchando y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabilizara al Estado salvadoreño por el operativo militar, así como por la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote y sitios aledaños.
