El Mozote y lugares aldeaños
La peor masacre ocurrida en América Latina en tiempos modernos
La masacre de El Mozote y sitios aledaños fue una acción militar estatal ejecutada entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, que arrebató la vida a cerca de mil personas civiles de cantones y caseríos del norte de Morazán, El Salvador, que incluyen El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo y Cerro Pando.
Han pasado cuatro décadas de este delito de lesa humanidad y las víctimas sobrevivientes y los familiares de los asesinados, siguen sin obtener justicia y garantías de no repetición.
Bajo las órdenes del Alto Mando de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea de El Salvador los pobladores civiles de esa zona fueron víctimas de persecución, ejecuciones masivas, violaciones sexuales, torturas, y destrucción de propiedades y de animales de crianza, en el marco de una operación de contrainsurgencia llamada “Operación rescate” planificada y ejecutada por el Estado.
De acuerdo con el Registro único de víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la masacre de El Mozote, creado por el Estado salvadoreño a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fueron ejecutadas por el Ejército 978 personas, de las cuales 553 eran menores de edad, 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de seis.
Una Ley de Amnistía fue aprobada en 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz, y esto impidió que las víctimas y familiares de víctimas de delitos ocurridos durante el conflicto armado, pudieran obtener justicia.
Las víctimas de la masacre de El Mozote siguieron luchando y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabilizara al Estado salvadoreño por el operativo militar, así como por la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador sobre los hechos denunciados y las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote y sitios aledaños.
Derogación de la Ley de Amnistía, la esperanza de obtener justicia
En 2016 la Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, lo que abrió la posibilidad de que las víctimas de delitos del conflicto armado pudieran iniciar los procesos judiciales de sus casos y así obtener justicia, reparación y garantías de no repetición.
En ese mismo año, las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños reactivaron su causa judicial. El juez asignado, Jorge Guzmán, inició el proceso, acumulando en cinco años 38 mil folios y avanzando en la toma de testimonios de más de 50 testigos y peritos.
El juez Guzmán se enfrentó a diferentes obstáculos para realizar su trabajo, como los señalamientos descalificativos por parte del presidente de la República, los bloqueos a las inspecciones a los archivos militares de la época, y las presiones para ser destituido en esta causa judicial.
Cerca de iniciar la etapa de sentencia del caso, una reforma a la Ley de la Carrera Judicial aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2021 y que destituye de forma arbitraria a los jueces y juezas mayores de 60 años de edad, termina con la gestión del juez Guzmán en el proceso judicial de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
Ante esto, las víctimas se sienten desilusionadas y frustradas y ven cada vez más lejana la esperanza de justicia para ellas y sus familiares asesinados, pues consideran que un juez nuevo tendría que retomar todo lo avanzado y eso retardaría su proceso. Además, sienten desconfianza de que pueda ser una persona imparcial y activa en la búsqueda de verdad y justicia.
La causa judicial de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, que acusa a los altos mandos de la Fuerza Armada de la época, es la más avanzada entre los delitos de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos ocurridas en el conflicto armado. De los 33 militares señalados 17 han fallecido sin responder por los delitos que se les acusan, y 19 de las víctimas o familiares de asesinados que iniciaron la acusación han muerto (solo entre 2020 y 2021) sin obtener una respuesta.
El resultado de este caso será también un precedente jurídico para otros parecidos. La esperanza de justicia para quienes sufrieron este terrible hecho es también la esperanza de otras víctimas que después de 29 años de la firma de la paz en El Salvador no han logrado ver justicia, reparación y garantías de no repetición.
David Morales
Jefe Jurídico de Justicia Transicional, Cristosal y parte del equipo de abogados de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
“Mi sueño sería que el Estado eventualmente cumpla con sus obligaciones con las familias, que cumpla con sus responsabilidades de una manera que realmente asista y proteja a las víctimas que han sido abandonadas”.
Las Voces de las Víctimas
Las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas están muriendo sin ver justicia
María Victoriana Reyes Ramos
María Fernanda Barrera
César Martínez
Los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que iniciaron el proceso judicial son personas mayores. Muchos están muriendo sin hacer realidad su sueño de justicia. En los últimos 20 años se registra la muerte de al menos 74 personas, entre ellas María Victoriana, María Fernanda y César Martínez.
Los abogados y abogadas que representan a las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños
Wilfredo Medrano
Abogado de Asociación Tutela Legal (28 de octubre de 1961- 9 de septiembre de 2021)
Wilfredo, abogado de la Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández”, inició el acompañamiento a las víctimas de El Mozote y sitios aledaños en 1990 cuando colaboró en la recopilación de testimonios y datos sobre la masacre. Posteriormente, formó parte del equipo jurídico de las víctimas. Además, participó en las investigaciones de la masacre La Quesera, en Usulután y la masacre de El Calabozo en San Vicente. Wilfredo falleció el 9 septiembre de 2021, dejando un enorme vacío para las víctimas y sus familiares.
El juez Jorge Guzmán, quien llevó la causa judicial por cinco años, fue destituido de forma arbitraria
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, llevó la causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños desde su reapertura en 2016, luego de que la Sala de lo Constitucional salvadoreña declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.
El juez Guzmán, en la fase de instrucción del caso, acumuló un archivo de 38 mil folios y entrevistó a 50 personas como testigos y peritos para establecer los diferentes delitos y las responsabilidades en la masacre más grave ocurrida en América Latina en los tiempos modernos.
En la gestión del juez Guzmán se ordenó que peritos especialistas en archivística inspeccionaran, en septiembre de 2020, los archivos de la época de instalaciones militares relacionadas a la “Operación rescate” en la cual se enmarcó la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Estas inspecciones fueron bloqueadas por el presidente de la República y por el Ministro de Defensa, y no pudieron llevarse a cabo.
Una reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobada en septiembre de 2021 que destituye de forma arbitraria a jueces y juezas mayores de 60 años de edad, separó al juez Guzmán de la causa.