El Salvador ha entrado en un punto de no retorno respecto al derecho que cualquier persona tiene a organizarse. Los cinco años del gobierno constitucional de Nayib Bukele (2019-2024) se vieron marcados por una serie de violaciones a derechos fundamentales que impidieron a la ciudadanía debatir, dialogar e incidir en las políticas públicas libremente. Durante ese quinquenio, el espacio cívico sufrió una serie de ataques que provocaron un duro golpe a la organización social. En la actualidad, bajo el periodo de gobierno inconstitucional (2024-2029), esta situación continúa agravándose.
