El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción en todo el territorio nacional, por iniciativa del presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros y por un plazo de treinta días1 , tras el repunte de homicidios ocurridos entre el 25, 26 y 27 de marzo como justificación. A través de ese decreto se suspendieron las garantías constitucionales de libertad de asociación y reunión (art. 7 de la Constitución de la República, p. 2-3); derecho a información sobre las razones de la detención y defensa (art. 12 inc. 2 Cn, p. 3); límite de 72 horas a la detención administrativa (art. 13 inc. 2 Cn, p. 3-4) e inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones (art. 24 Cn, p. 5).
Descarga el informe completo aquí: