San Salvador, 19 de mayo de 2025
Ruth López es una incansable luchadora salvadoreña contra la corrupción y a favor de la transparencia y la defensa de los derechos. Es abogada, defensora de derechos, docente y madre. Cuenta con una amplia trayectoria en derecho constitucional, transparencia, justicia administrativa y derecho electoral. Su trabajo técnico y riguroso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó una huella positiva por los avances en transparencia, profesionalización y divulgación de información, al punto que hasta hoy sigue siendo consultada por diversos sectores por su conocimiento en la materia.
En diciembre de 2024, fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, destacando su labor en la promoción de la transparencia política y la rendición de cuentas ciudadana.
Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, desde donde ha impulsado acciones clave para exigir rendición de cuentas y proteger el interés público. Entre las más destacadas se encuentran:
- La denuncia ante la Corte de Cuentas por el uso irregular de fondos públicos para brindar seguridad de agentes PPI a personas que no cumplen los requisitos establecidos por la ley.
- La acción contra el “Régimen Especial Transitorio”, que permite adquisiciones estatales sin licitación, evadiendo el control constitucional y abriendo la puerta a graves riesgos de corrupción.
- La demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Bandesal, que colocaron bajo reserva la información sobre el uso de fondos públicos.
- Escritos y denuncias por el uso de fondos públicos en la implementación del Bitcóin, incluyendo un aviso penal ante la FGR por posible fraude relacionado con la Chivo Wallet.
- Recursos legales ante el TSE, reclamando el incumplimiento de los partidos políticos en la transparencia de su financiamiento, así como recursos de revisión contra resoluciones que restringen el acceso ciudadano a dicha información.
- Avisos por presunto enriquecimiento ilícito, transferencias irregulares de inmuebles, y la creación de plazas fantasmas en instituciones del Estado.
- Denuncias de corrupción durante la pandemia: presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por presuntos actos de corrupción en la apropiación y venta de paquetes alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), destinados a la población afectada por la pandemia. Además, pidió una investigación a funcionarios de la FGR por la posible omisión de su deber de investigar los hechos.
- Impugnación de la reforma sobre agentes encubiertos digitales: presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra reformas al Código Procesal Penal que permitían la intervención de comunicaciones por agentes encubiertos digitales sin orden judicial, señalando que vulneraban derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.
- Denuncia sobre el uso del software espía Pegasus: señaló públicamente la posible adquisición y uso del software Pegasus por parte del gobierno para intervenir comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, y solicitó investigar el origen de los fondos públicos que pudieron haberse utilizado.
- Críticas al régimen de excepción: ha sido una de las voces más firmes contra el régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele, denunciando detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos y el impacto de estas medidas en el aumento de la migración de personas no vinculadas a estructuras criminales.
- Participación en audiencias internacionales: representó a organizaciones salvadoreñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó que se rechazara una reforma constitucional que permitiría a una misma legislatura aprobar y ratificar enmiendas a la Constitución, abriendo la puerta a la reelección presidencial inmediata.
- La denuncia del “Caso 300”, que documenta cómo se podría haber entregado dinero público a estructuras de pandillas sin ningún control institucional.
- La denuncia ante el TEG contra el ministro Francisco Alabí por contrataciones irregulares durante la pandemia, así como solicitudes sobre el uso irregular de fondos de emergencia del Fopromid.
Por su alto perfil y su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, Ruth López ha sido blanco constante de campañas de desprestigio. Solo en lo que va de este año, ha recibido más de 150 ataques en redes sociales, impulsados por aparatos de propaganda vinculados al gobierno de Nayib Bukele. Estos ataques provienen de cuentas anónimas, medios oficialistas y creadores de contenido afines al oficialismo, y forman parte de una estrategia sostenida para desacreditar su labor como defensora de derechos humanos y promotora de la transparencia.
En noviembre de 2024, su nombre apareció en una lista filtrada de personas de interés de la Policía Nacional Civil (PNC). La filtración, revelada por la prensa salvadoreña, incluyó fichas elaboradas por inteligencia policial sobre periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y otras figuras de la sociedad civil. La inclusión de Ruth en dicha lista era una señal clara del intento de criminalización y vigilancia indebida contra quienes luchan por la transparencia y los derechos humanos.
El impacto de su reciente detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025, generó un pronunciamiento inmediato por parte de decenas de figuras nacionales e internacionales, así como de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Robert F. Kennedy Human Rights y Front Line Defenders, que señalaron su captura como un acto de represalia y criminalización de su labor como defensora de derechos humanos.
Este respaldo reafirma que Ruth López es una figura clave en la lucha por la dignidad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos en El Salvador.