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Con las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado (LECO) dictadas el 15 de agosto por el partido oficial en la Asamblea Legislativa, las personas detenidas bajo el régimen de suspensión de derechos podrán permanecer más de cinco años en prisión sin condena. El Estado, así, convierte la detención provisional en una pena anticipada.
Las reformas permiten que la fase de instrucción penal se prolongue por más de cinco años, tiempo durante el cual miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción no tendrán acceso a una audiencia en la que un juez imparcial evalúe las supuestas pruebas en su contra. Posteriormente, deberán enfrentar una “audiencia abierta” que puede extenderse hasta por dos años adicionales. Con ello, la detención provisional se convierte en una verdadera condena anticipada.
La reforma también disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos, al establecer que sean juzgados por los mismos jueces que procesan a adultos en la jurisdicción contra el crimen organizado, funcionarios que ya han incurrido en sistemáticas violaciones al debido proceso durante el régimen de excepción. Esta es la tercera modificación cuyo objetivo ha sido evadir y postergar las audiencias preliminares, sumando ampliaciones que configuran un plazo irracional y contrario a los principios más básicos de la justicia.
Mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable, agravado por la obstrucción del derecho a la defensa y la ausencia de supervisión real de un juez imparcial, lo que constituye una violación abierta de la Constitución (arts. 1, 2, 11, 12 y 13) y de instrumentos internacionales como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cristosal y diversas organizaciones han documentado que la gran mayoría de detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias, carentes de pruebas individuales, y que miles de personas han sido sometidas a condiciones inhumanas y de tortura que han provocado al menos 403 muertes bajo custodia estatal. Prolongar indefinidamente la instrucción penal no solo impide exponer en juicio la falta de pruebas, sino que abre la puerta a condenas injustas masivas.
Con las reformas dictadas, el régimen instrumentaliza la justicia y la transforma en una política de terror de Estado. Porque cuando un Gobierno priva de derechos a un grupo, termina negándoselos a toda la sociedad.