10 de julio 2024
El Salvador posee desde marzo de 2022 un estado de derecho roto donde las principales garantías constitucionales, como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, están suspendidas de facto en nombre de la seguridad. También cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción donde los jueces han perdido su independencia. El costo humano de esta política es alto: 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
Lo anterior forma parte de los hallazgos del último informe de Cristosal: “El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción”, que también demuestra cómo esta suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres. Ante la nula información oficial sobre el régimen de excepción, la evidencia de este documento –así como los publicados por otras organizaciones salvadoreñas– constituye un importante aporte a la búsqueda de justicia para las personas inocentes que fueron afectadas.
La evidencia presentada en la investigación es amplía: las 3,643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. También una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. Así como una investigación profunda sobre 265 muertes (4 de ellas correspondientes a niñas y niños), y la sistematización y estudio de una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022. Todo esto a través de un equipo multidisciplinario que incluye a personas analistas de datos, médicas y médicos forenses, investigadoras e investigadores, abogadas y abogados, criminalistas, entre otras y otros profesionales.
Uno de los casos que ilustra la gravedad de lo denunciado es el caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida en marzo de este año y acusada de agrupaciones ilícitas, sin aportar pruebas de esto. Un juez le otorgó 24 horas después medidas sustitutivas, pero las autoridades penitenciarias no cumplieron la orden y ese mismo día otro tribunal ordenó su detención atribuyéndole un delito distinto. Tres semanas después su familia supo que la hija que gestaba había muerto y pudo solo recoger el cadáver. La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal.
El estudio de más de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Incluso, en algunos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que fueron por años víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado.
El documento también aborda la vulneración de los derechos humanos de las mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia. Cristosal verificó que, tras la detención de las madres, el rol de cuidado se traslada a otras mujeres que se convierten así en proveedoras para varios niños, niñas y adolescentes o todo un grupo familiar, con un alto costo para su propia salud física y mental, o para su proyecto de vida. Esta carga profundiza las inequidades sociales, impide a las mujeres alcanzar su autonomía económica y las expone a más pobreza.
Cristosal llama al Estado salvadoreño a responder por todos estos señalamientos, garantizar justicia y reparación para las víctimas bajo custodia del Estado. También pide la liberación y reparación de las personas inocentes capturadas y que cumpla su papel con las niñas y niños en orfandad por estas políticas. Asimismo, exige justicia para las víctimas de las pandillas, quienes merecen conocer a los responsables a través de la identificación individual de sus actos.