12 de septiembre 2023
El equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal elaboró un informe sobre los dos años de implementación del bitcoin como moneda nacional. Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia explicó el poco uso que ha tenido el bitcoin en El Salvador, pese a la inversión estatal para promover su uso. Además, explicó que se desconocen los gastos operativos y la fuente de financiamiento para el diseño de imagen, servicios jurídicos, auditoría contable, contratación de call centers, instalación de casetas y cajeros, salarios y prestaciones del personal administrativo; así como de los empleados de las casetas y cajeros, alquiler de inmuebles, soporte informático, servicios de nube, asesores y otros gastos operativos. Tampoco se tienen detalles sobre las pérdidas causadas por el hurto de identidad y otras defraudaciones a través de la aplicación Chivo.
Los cálculos del informe están basados en la limitada información disponible, principalmente a través de la cuenta de Twitter (X) del presidente, los montos aprobados por la Asamblea Legislativa e información revelada en un proceso judicial en los Estados Unidos. Los $329 millones son la suma de: $150 millones del del Fideicomiso Bitcoin (Fidebitcoin), $30 millones para el bono de bienvenida en la Chivo Wallet, $23.3 millones del proyecto Crypto Friendly, $121 millones para la compra de bitcoines y $4.7 millones para la contratación de Athena (según contrato).
El documento también destaca los problemas asociados a la Chivo Wallet, la billetera digital creada por el Gobierno para promover el uso de bitcoin. La aplicación ha enfrentado críticas debido a su falta de seguridad y casos de robo de identidad de los ciudadanos. En 2021, Cristosal, en representación de 240 víctimas de suplantación de identidad, presentó una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la empresa Chivo S.A. de C.V. Sin embargo, estas acciones no han tenido éxito, al igual que el aviso presentado a la Fiscalía General de la República sobre las irregularidades en el desarrollo, implementación y mantenimiento de la aplicación.
Dada la falta de datos y acceso limitado a la información pública −también detallada en el informe con un resumen de 25 solicitudes de acceso a la información hechas por la ciudadanía que no tuvieron respuestas efectivas− Cristosal no pudo realizar un análisis detallado de los gastos relacionados con la minería de bitcoin, sus efectos ambientales, los costos de la institucionalidad creada por la Ley de Emisión de Activos Digitales, así como los fondos solicitados para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin y la promoción de criptoactivos en el país.
Cristosal concluye en este informe que la adopción del bitcoin en El Salvador ha sido un derroche de fondos públicos sin beneficio para las familias, sin transparencia, con problemas de seguridad, fraudes y posibles usos ilegales. Además, las acciones legales sin resolver demuestran la vulnerabilidad de los ciudadanos y la falta de voluntad para combatir la corrupción. Por tanto, considera que lo adecuado sería derogar las leyes relacionadas con el bitcoin como moneda de curso legal y recuperar los fondos invertidos.
