A través de un monitoreo de cuentas oficiales, realizado del 26 al 30 de marzo, se lograron identificar 11 perfiles en redes sociales que pertenecen a funcionarios públicos, los cuales han difundido contenido que demuestran aprobación a prácticas antidemocráticas mediante la publicación de un total de 51 mensajes que incitan a hechos atentatorios contra la democracia.
