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Ciudad de Guatemala, 19 de noviembre de 2025
En Guatemala, instituciones creadas para combatir la corrupción —como el Ministerio Público (MP) y el sistema judicial— están siendo utilizadas por élites de poder para perseguir a quienes denuncian injusticias y defienden derechos. Frente a esta realidad, organizaciones de la sociedad civil anunciaron la creación de la “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política”, un esfuerzo colectivo que busca transformar el miedo en memoria y verdad. Durante el evento también presentaron informes sobre la criminalización de personas defensoras.
La Plataforma surge para documentar, denunciar y acompañar a quienes hoy resisten desde los tribunales, desde sus comunidades o desde el exilio. Es un acto de defensa colectiva que busca nombrar, registrar y activar a las instituciones frente a la persecución política. Esta articulación es la respuesta organizada de la ciudadanía ante un fenómeno documentado en investigaciones como el informe presentado por Cristosal: “Sistema de injusticia: patrones de persecución política en Guatemala”, basado en 100 casos de criminalización registrados entre enero y septiembre de 2024.
Los casos incluyen personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, liderazgos indígenas y comunitarios, así como organizaciones sociales. La mayoría evidencia patrones reiterados: uso indebido del derecho penal, violaciones al debido proceso, funcionarios judiciales alineados con redes de corrupción, abuso de prisión preventiva, capturas arbitrarias y campañas de difamación.
El informe identifica tres patrones sistemáticos que operan como etapas de persecución:
- Acoso: campañas de difamación, amenazas, exposición de datos personales y violencia digital, con un componente especialmente misógino cuando las víctimas son mujeres.
- Criminalización: denuncias infundadas, uso forzado de figuras penales, prisión preventiva desproporcionada y procesos penales dirigidos a castigar a quienes defienden derechos.
- Manipulación del proceso judicial: restricciones al acceso a expedientes, uso indebido de la reserva, audiencias unilaterales, allanamientos intimidatorios y asignación de casos a fiscalías o juzgados sin competencia.
Estos patrones muestran que la criminalización no es una excepción, sino un sistema de injusticia orientado a concentrar el poder, reinstalar la impunidad y desmantelar la justicia independiente. Los datos revelan una verdad contundente: hay instituciones que dejaron de investigar a los corruptos para perseguir a quienes denuncian la corrupción.
La Plataforma Guatemala contra la Persecución Política marca un punto de inflexión: un acto de defensa colectiva frente a un sistema que busca reinstalar la impunidad y someter a quienes defienden el bien común. Esta alianza se inscribe en la herencia de quienes, generación tras generación, han construido derechos y libertades para el país.