San Salvador, 05 de junio de 2025
La decisión del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador de ordenar la detención provisional de Ruth Eleonora López, abogada, defensora de derechos humanos y jefa de nuestra Unidad de Anticorrupción y Justicia, representa un grave retroceso en el respeto al debido proceso y una alarmante señal del uso político del sistema judicial en El Salvador.
Consideramos que esta medida no solo vulnera los derechos fundamentales de Ruth, sino que confirma un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos.
La acusación presentada por una Fiscalía controlada por el gobierno de Nayib Bukele evidencia improvisación e intencionalidad política: se violentó el plazo constitucional de la detención administrativa, el delito fue modificado evidenciando que su detención fue arbitraria, se ha impuesto una reserva injustificada al caso y no se agotaron las fases previas que exige el marco legal.
Su defensa presentó pruebas contundentes de arraigo, trayectoria profesional y disposición a colaborar con las autoridades, pero fueron ignoradas. Ruth no representa peligro de fuga, ni existe causa legal para mantenerla privada de libertad. Aun así, el tribunal decretó su encarcelamiento, una decisión que busca castigar su labor como defensora.
Recordemos que las cárceles en El Salvador, especialmente bajo el régimen de excepción, son escenarios de tratos crueles e inhumanos, donde las mujeres privadas de libertad enfrentan condiciones degradantes. Enviar a Ruth a prisión sin razón legal no es justicia: es represalia.
Como Cristosal reiteramos que encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial. Es un castigo para quienes se atreven a cuestionar el autoritarismo y denunciar la corrupción. Su detención demuestra que el actual régimen no busca justicia: busca silencio.
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