Honduras, 10 de octubre de 2024. Cristosal expresa su profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar constitucional la Ley de Amnistía Política, contenida en el decreto legislativo 04-2022. Este fallo, señalado como un “pacto de impunidad”, refleja una alarmante erosión del estado de derecho y perpetúa la injusticia en el país.
La Ley de Amnistía otorga beneficios a exfuncionarios de la administración de Manuel “Mel” Zelaya, vinculados a actos de corrupción, consolidando la percepción de impunidad. Al favorecer a un grupo político reducido y desatender los derechos de la mayoría, esta ley vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 60 de la Constitución de la República de Honduras.
El respaldo mayoritario de la CSJ a esta legislación evidencia la captura del poder judicial y la injerencia política en las decisiones judiciales. Esta situación no solo fortalece la impunidad, sino que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, socavando aún más el sistema de justicia y fomentando la violación sistemática de derechos humanos.
La declaración de constitucionalidad de la Ley de Amnistía constituye un grave retroceso para el Estado de Derecho y los derechos humanos en Honduras. Esta decisión crea una distinción arbitraria que atenta contra la justicia y contraviene las obligaciones internacionales del país bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos. Al perpetuar la impunidad, se obstaculiza la lucha contra la corrupción y se envía un mensaje peligroso de que las malas prácticas pueden quedar impunes.
Es urgente derogar la Ley de Amnistía para restaurar la justicia y garantizar que todos los ciudadanos sean responsables ante la ley. La corrupción y la impunidad tienen efectos devastadores en la vida de los hondureños, afectando el ejercicio de derechos fundamentales y perpetuando la desigualdad social. Además, la posibilidad de instaurar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se aleja cada vez más, evidenciando la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción.
Desde Cristosal, hacemos un llamado urgente a todos los actores políticos y sociales para que se comprometan con la defensa del Estado de Derecho, exigiendo el respeto a la independencia de los poderes del Estado y la derogación de la Ley de Amnistía, que ha demostrado ser un obstáculo para la justicia. Asimismo, instamos a la pronta implementación de la CICIH como una medida necesaria para combatir la corrupción y restaurar la confianza en el sistema de justicia.