Las familias que viven en zonas fuertemente afectadas por el accionar de pandillas experimentan múltiples violaciones a sus derechos y ante la amenaza de perder la vida o la de sus integrantes, se ven obligados a huir de sus residencias, sus comunidades o incluso de su país. Esto implica el deterioro de las condiciones de vida, el abandono de la vivienda, el desarraigo, la ruptura de su entorno familiar y social, la deserción escolar, el desempleo y el aislamiento entre otras situaciones de vulnerabilidad acentuada. La organización Refugees International ha hecho referencia a datos del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) que reportan que en el año 2014 hubo un total de 288,000 personas internamente desplazadas en El Salvador1 . No hay un reconocimiento por parte del Estado salvadoreño de la existencia de desplazados internos por violencia generalizada, por lo que no se registran casos de desplazados internos o existen sub registros en instancias estatales donde las víctimas acuden a pedir ayuda. Ante la falta de políticas y mecanismos nacionales para la atención a víctimas de desplazamiento forzado, siete de las 13 organizaciones sociales integrantes de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado reportaron la atención de 146 casos específicos de desplazamiento forzado entre agosto 2014 a diciembre 2015 monitoreando un total de 623 víctimas2 . Tal esfuerzo conlleva a una tarea muy difícil, ya que los grupos familiares que se desplazan forzosamente optan hacerlo en la invisibilidad, tanto por miedo como por considerar que es más seguro para ellos que no se conozca la situación que viven porque ello podría facilitar a sus perseguidores sus movimientos o ubicación. Estos primeros reportes muestran solamente una parte de la situación actual sobre el desplazamiento forzado en El Salvador; sus números no reflejan el alcance real de las poblaciones afectadas por este fenómeno. Cada persona desplazada forzadamente ha sufrido una serie de violaciones y traumas que deben tomarse en cuenta para abordar el problema de violencia desde una perspectiva integral, partiendo de los derechos y necesidades de las necesidades de las víctimas. El presente informe testimonial tiene como objetivo principal visibilizar la situación que viven las familias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ de ahora en adelante) en el contexto del desplazamiento forzado por violencia generalizada y el crimen organizado en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS de ahora en adelante). La redacción del informe es de manera descriptiva y se utiliza una serie de citas textuales de los testimonios para visualizar de mejor manera la experiencia de sobrevivir a las diferentes manifestaciones de violencia que afectan a las familias internamente desplazadas. Primeramente se expone, de manera general, el contexto de violencia actual que enfrenta la niñez, adolescencia y juventud en zonas donde el crimen organizado tiene un control extendido en todos los ámbitos de la vida de sus familias. Asimismo, se muestra las diferentes expresiones de violencia extrema a la que están expuestas las familias de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de que los obligan a huir de sus comunidades. Posteriormente, se expone la desintegración familiar como consecuencia del desplazamiento forzado. En esta parte se explica las diferentes maneras en que las familias de niños, niñas, adolescentes y jóvenesse desarticulan con el fin de evitar daños irreparables en sus vidas y cómo un hecho violento afecta tanto al grupo familiar como a cada uno de sus miembros.