El Salvador cierra el 2015 como el año más violento de su historia reciente, con un 70 por ciento más de homicidios que en el año 2014. Según un balance preliminar de la Policía Nacional Civil y de las autoridades forenses, se contabilizaron en el 2015 no menos de 6.670 homicidios, superando los 3.912 de 2014, prácticamente igualando la cifra de 1983 cuando el país en plena guerra civil (1980-1992) tuvo un poco más de 7.000 homicidios. Con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador se mantiene a la cabeza de los países más violentos del mundo, con la cifra más alta de homicidios en los 24 años de posguerra civil. Los altos niveles de violencia se adjudican a actividades de grupos relacionados con pandillas y crimen organizado. No obstante, aunque en menor escala pero en un comportamiento ascendente, acciones perpetradas desde instancias estatales, como la Policía Nacional Civil y el ejército, instituciones mayormente denunciadas por violaciones a derechos humanos ante la oficina de Ombudsman de El Salvador, son señaladas también como responsables de hechos violentos. Ante la situación anterior y ante ausencia de programas integrales y eficientes para atención a víctimas, organizaciones sociales y no gubernamentales impulsan con muchas limitaciones iniciativas para la atención a víctimas afectadas por la violencia, principalmente aquellas personas que sufren de desplazamiento forzado, quienes en contra de su voluntad y salvaguardando su vida e integridad, huyen de sus hogares hacia otro lugar, que muchas veces no presta las condiciones adecuadas y la familia tiene que fragmentarse, desvinculándose cada vez más del tejido social al que pertenecen. El informe mundial correspondiente al 2014 divulgado por el Consejo Noruego para los Refugiados estimó que aproximadamente 289 mil salvadoreños se encontraban en condición de desplazamiento forzado dentro del país. La Mesa de Sociedad Civil contra desplazamiento forzado por violencia generalizada y crimen organizado en El Salvador ha registrado en el periodo agosto 2014 a diciembre 2015 la atención por parte de 7 de sus organizaciones integrantes de 146 casos específicos que representan 385 personas, 97 niños y niñas menores de 12 años y 141 adolescentes. De los 146 casos atendidos, 19 desplazamientos forzados han sido provocados por acciones de la Fuerza Armada y 8 desplazamientos forzados por acciones de la Policía Nacional Civil, un aspecto que no se había reflejado en meses anteriores al periodo registrado. El Estado salvadoreño no reconoce oficialmente hasta la fecha la problemática de desplazamiento forzado en El Salvador. El no reconocer el fenómeno invisibiliza la grave situación que atraviesan las personas afectadas por esta problemática y dificulta el diseño e implementación de políticas públicas y programas específicos para este perfil concreto de víctimas. La falta o insuficiencia de programas integrales específicos para víctimas desplazadas forzosamente por violencia generalizada constituye una violación a los derechos humanos de estas personas, en particular, su derecho a recibir asistencia y protección.