La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante la Procuraduría o la PDDH), en años recientes se ha pronunciado de manera continua y sostenida sobre la violencia que enluta a la sociedad salvadoreña, expresando el más firme rechazo a las acciones que atentan contra los derechos de la población a vivir en paz, tranquilidad y en un ambiente que permita que alcancen su desarrollo pleno y su máximo potencial humano. También esta Procuraduría ha señalado que en la aplicación de los planes y las políticas de seguridad no se ha dado prioridad a la protección y atención de las víctimas de la violencia, por lo que se han reiterado los llamados a las autoridades responsables de la seguridad pública y el sistema de justicia para que las personas que sufren este flagelo, víctimas y testigos de la violencia, sean colocadas en el centro de atención de la actuación estatal1 . 2. Se ha observado en años recientes un aumento en el número de personas o familias que denuncian haberse visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen o residencia como efecto directo de la violencia, una situación que expone a mayores afectaciones a las mujeres y las personas que forman parte de los grupos en condición de vulnerabilidad; niños, niñas, adolescentes, personas de la población LGBTI, adultos mayores y personas con discapacidad. Ante esta situación la actuación estatal para enfrentar esta problemática no ha brindado una respuesta integral, al no contar con un registro de los casos e identificación de las víctimas, y debido a la ausencia de una atención coordinada de todas las instancias competentes. 3. Aunado a lo anterior, organizaciones sociales, religiosas y académicas que integran la “Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia Generalizada y Crimen Organizado de El Salvador”2 , tuvieron la iniciativa de solicitar la elaboración de un informe sobre el tema, y brindaron toda su colaboración para la elaboración del presente reporte. La PDDH reconoce el apoyo técnico facilitado por el Observatorio de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia Generalizada en El Salvador y la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA); especialmente, agradece la colaboración brindada por la Fundación CRISTOSAL. 4. En razón de todo lo anterior, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, emite el presente Informe Especial, de conformidad a sus facultades establecidas en el artículo 194.I, ordinales 1°, 11° y 12° de la Constitución de la República, y los artículos 43 y 44 de la ley de la PDDH y el 39 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos.
