25 de octubre/2024
A doce años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aún persisten graves incumplimientos de las principales medidas de reparación ordenadas en favor de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
El incumplimiento más crítico es la falta de justicia. Desde la destitución en 2021 del juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, el proceso penal se ha estancado debido a decisiones judiciales que han retrasado la fase plenaria y la sentencia final, a pesar de la abundante evidencia presentada desde 2016. Esta demora favorece la impunidad de los responsables. Más de 148 víctimas sobrevivientes y familiares directos han fallecido desde que se interpuso la denuncia original, sin haber conocido la justicia.
Otro grave incumplimiento es la falta de un plan integral de desarrollo para las comunidades afectadas por la masacre. Aunque se han realizado algunas obras en el caserío El Mozote, estas no fueron consultadas con las víctimas y responden más a un modelo de desarrollo turístico-comercial que a uno de preservación de la memoria histórica. Mientras tanto, otras comunidades que requieren servicios básicos continúan desatendidas, y no se ha avanzado suficientemente en reparaciones materiales ni en otras medidas importantes mencionadas.
La Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, exigió el pleno cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH el 25 de octubre de 2012, y en particular solicitó:
a) Al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que avance a la fase plenaria final del proceso judicial, desistiendo de acciones que sigan retrasando la justicia;
b) A las autoridades gubernamentales, que garanticen el adecuado funcionamiento del Registro Único de Víctimas mediante la reactivación del soporte informático previamente administrado por la extinta DIGESTYC, y que cumplan con otras obligaciones como el pago de indemnizaciones a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas ejecutadas, así como la elaboración de un plan de desarrollo en diálogo con las víctimas;
c) A la Asamblea Legislativa, que reforme y extienda la vigencia de la actual “Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños”, garantizando un procedimiento accesible, gratuito y libre de excesiva burocracia, que no perjudique a las víctimas.
