Ciudad de Guatemala, 30 de abril de 2025
La organización de derechos humanos Cristosal presentó, este miércoles, su informe: “Guatemala: el peaje oculto en la ruta migrante”, un estudio que confirma un secreto a voces: en Guatemala, migrar significa pagar con dinero, salud, dignidad y libertad. El documento expone con evidencia sólida cómo estructuras del Estado, particularmente dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), participan activamente en un sistema de extorsión y abuso sistemático contra personas migrantes que cruzan el país rumbo a México y Estados Unidos.
Lejos de ser un obstáculo incidental, la corrupción se ha convertido en el sistema operativo del tránsito migrante por Guatemala. Agentes de la PNC operan retenes oficiales y no oficiales en rutas clave del país —desde Esquipulas hasta San Marcos— para cobrar entre $3 y $25 por persona a cambio de dejarlas continuar su camino. Según el informe, solo en 2023, estas prácticas ilícitas generaron más de $37.6 millones en ingresos ilegales, con la complicidad de actores estatales.
El informe también detalla cómo mujeres y niñas migrantes enfrentan riesgos extremos de violencia sexual, incluidos tocamientos, coerción y explotación a cambio de comida o alojamiento. Estas violencias ocurren en hoteles, paradas informales y hasta en los propios retenes policiales, donde algunos migrantes han reportado la existencia de los llamados “cuartos oscuros”, usados como espacios de intimidación y abuso.
Además, el informe documenta sobreprecios desmedidos en alimentos y transporte, cobros ilegales por servicios básicos y discriminación sistemática. Las personas migrantes deben pagar hasta 16 veces más por una comida o enfrentarse a restricciones arbitrarias en el transporte público. En muchos casos, sin acceso a atención médica o se les obliga a aceptar trabajos mal remunerados bajo amenazas de deportación.
Cristosal destaca la respuesta del Gobierno guatemalteco a este informe con la captura de policías involucrados. Asimismo, lo insta a continuar con la depuración en el cuerpo policial para investigar y desmantelar cualquier red de corrupción interna, proteger a las víctimas, y garantizar el tránsito seguro de las personas migrantes, especialmente de mujeres, niñas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El informe también recuerda a Estados Unidos que, sin instituciones transparentes y responsables en la región, ninguna estrategia migratoria basada en el control fronterizo será sostenible. Más de 575,000 personas cruzaron a México desde Guatemala en 2023, muchas de ellas huyendo no solo de la pobreza o la violencia, sino también del fracaso institucional que transforma su ruta migrante en un terreno de extorsión, abuso y despojo.
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