Además de la crisis económica agravada por las cuarentenas obligatorias adoptadas para frenar el COVID-19 que prohibían salir a trabajar -sobre todo para el sector informal y vendedores ambulantes-, el 2020 cerró con tormentas y huracanes que dejaron particularmente a los países del norte de Centroamérica en condiciones precarias. Las viviendas, medios de producción y demás pertenencias de varios grupos familiares se perdieron en noviembre tras la llegada de Eta e Iota.
El rol del Estado en situaciones como estas es sumamente necesario, y la prontitud y alcance de la respuesta puede significar una diferencia abismal respecto a los daños sufridos por la población. Honduras fue uno de los países mayormente afectados por estos desastres naturales. Las pérdidas ocasionadas por las lluvias en este país “se valoraron por más de USD$15.000 millones de acuerdo con la CEPAL y otras agencias gubernamentales”