La señora Procuradora para de la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara (en adelante “la titular de la PDDH”) presenta el Informe preliminar Nacional sobre el Desplazamiento Forzado Interno correspondiente al periodo abril 2016 a mayo 2017. El impacto de la violencia y el consecuente desplazamiento forzado interno de muchas familias víctimas de la misma, ocasiona una grave vulneración de los derechos humanos, más aún si las instancias estatales no reconocen la gravedad del fenómeno y no se cuenta con políticas, programas y proyectos articulados como Estado, en función de una atención integral y efectiva para la atención, asistencia y protección de núcleos familiares que sufren condición de desplazamiento interno por violencia generalizada. Desde la labor institucional, se ha manifestado reiteradamente la preocupación sobre la ausencia por parte del Estado salvadoreño en la atención integral a familias víctimas de violencia que se encuentran en condición de desplazamiento interno. El presente documento aborda por segunda vez, después de los Acuerdos de Paz, este fenómeno de suma importancia y de proporciones significativas para el país y que, a pesar de ello, ha sido negado recurrentemente por el Estado salvadoreño. No es la primera ocasión que El Salvador se enfrenta al fenómeno del desplazamiento interno; ya en la década de 1980, como producto del conflicto interno cientos de miles de salvadoreños tuvieron que desplazarse a lugares más seguros dentro del país o a buscar refugio en países vecinos (Montes, S. 1986)1 . En los últimos años de aquella misma década y del conflicto armado, comenzó un proceso de repatriación de la población refugiada desde los campamentos localizados en Honduras, así como la reinserción definitiva de los desplazados internos.
