San Salvador, 30 de mayo de 2025
En relación con la resolución judicial que ordena la instrucción formal y la detención provisional de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, manifestamos:
- Tanto el requerimiento fiscal como la resolución judicial carecen de fundamento constitucional y legal, lo que evidencia una intención de criminalizar a defensores de derechos humanos y la pasividad de los juzgadores frente a la obligación de garantizar derechos fundamentales.
- Consideramos que esta decisión vulnera los derechos a la libre manifestación, a la libertad de expresión y de asociación, al criminalizar a José Ángel, a Alejandro y a las organizaciones a las que pertenecen, únicamente por ejercer de forma pacífica su labor en defensa de los derechos humanos.
- Entre las garantías violadas se encuentra la presentación del requerimiento sin mostrar a los detenidos ante el tribunal ni cumplir con el plazo legal de 72 horas, así como la negación injustificada de medidas sustitutivas a la detención provisional.
- Cristosal recuerda que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el uso del derecho penal contra expresiones sociales solo es admisible en circunstancias excepcionales, cuando exista una amenaza clara, directa e inminente de violencia. Tal no es el caso de la manifestación pacífica realizada por la cooperativa El Bosque.
Este caso representa un grave retroceso en el respeto a las libertades fundamentales en El Salvador. El uso del sistema judicial para perseguir a personas defensoras por ejercer pacíficamente sus derechos no solo vulnera garantías individuales, sino que envía un mensaje de intimidación a toda la sociedad civil. Defender derechos no es un delito.
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