San Salvador, 02 de junio de 2025
El jueves 29 de mayo, a las 12:14 del mediodía, abogados de Cristosal y familiares de Ruth López presentaron una demanda de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunciando su detención arbitraria.
La demanda detalla que Ruth fue detenida sin orden judicial y mediante engaños por agentes de la Policía Nacional Civil. Al momento de la detención, los agentes leyeron una supuesta orden administrativa compuesta únicamente por un breve párrafo de cuatro a cinco líneas. Este documento no fue entregado ni a sus abogados ni a su familia, y no cumple con los requisitos constitucionales mínimos para una detención válida.
También advierte a la Sala que la Fiscalía General de la República no presentó requerimiento fiscal dentro del plazo de 72 horas establecido por la Constitución. Además, denuncia que Ruth no ha tenido comunicación libre y privada con su equipo legal, lo que vulnera su derecho a una defensa efectiva.
Asimismo, señala que, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, existen derechos y garantías que no pueden suspenderse ni siquiera bajo un régimen de excepción. Entre ellos se encuentran el derecho a la libertad personal, el derecho a conocer con detalle la acusación en su contra, a comunicarse libremente con su abogado y a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. Todos estos derechos han sido violentados.
Por estas razones, Cristosal solicita a la Sala de lo Constitucional la inmediata liberación de Ruth López, quien, después de más de 15 días de detención, continúa privada de libertad sin que exista una acusación formal en su contra. Hasta la fecha, la Sala no ha emitido respuesta alguna a la demanda presentada.
Su caso no es una excepción, sino un reflejo de la grave crisis de derechos que atraviesa El Salvador. Como ella, miles de personas han sido privadas de libertad sin que se respeten las garantías mínimas del debido proceso: sin orden judicial, sin acceso a una defensa adecuada y sin acusación formal en su contra. Además, ejemplifica cómo el régimen de excepción ha abierto la puerta a detenciones arbitrarias y a una preocupante cooptación de las instituciones responsables de proteger las libertades fundamentales.
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