Tegucigalpa, 2 de febrero 2023. La organización para la defensa de los derechos humanos, Cristosal, presentó un analisis del estado de sitio en Honduras e hizo un llamado para garantizar la seguridad de la ciudadanía respetando la Constitución, los derechos humanos y el uso transparente de los fondos públicos.
El gobierno hondureño estableció el estado de sitio, conocido popularmente como estado de excepción, desde diciembre de 2022 en 160 barrios y colonias de las ciudades más importantes del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La motivación expresada por el gobierno central para esta medida son los altos niveles de criminalidad, delincuencia y especificamente por la extorsión. El mandato se rige mediante el decreto PCM-29-2022 que suspende seis derechos garantizados en la Constitución de la República de Honduras. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Además, da la facultad a la Policia Nacional para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vínculos con la comisión de delitos y crímenes contemplados en el decreto.
Asimismo, el pasado 6 de enero el estado de excepción entró en vigencia por 45 días más, e incluye 73 municipios adicionales en el territorio hondureño.
Para Cristosal es importante destacar que el aumento en el índice de la criminalidad o la existencia de grupos ligados al crimen organizado no son causales para suspender los derechos y garantías constitucionales. El estado de excepción y la suspensión de derechos deben responder a una amenaza excepcional que solo es admisible para garantizar la preservación de los derechos de la población, para responder a sucesos que atenten contra la existencia misma del Estado y de
la paz.
También es imprescindible establecer controles institucionales para custodiar el respeto y el debido proceso irrestricto de los derechos humanos en el estado de excepción decretado. Además, se deben instaurar medidas para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en lo que respecta al combate del crimen organizado y que se apliquen de manera correcta sobre las personas que sean
involucradas en actos de corrupción estatal para que sean separadas de sus cargos.
Es necesario identificar e imponer un proceso de diálogo con participación ciudadana para la construcción de una política de seguridad ciudadana integral y respetuosa a los derechos humanos. En ese sentido, se deben de evitar estrategias de persecución penal masivas y discrecionales que no han resultado efectivas en el pasado.
Cristosal reitera su compromiso de promover y asegurar la protección de la dignidad humana en el país, y garantizar los procesos adecuados para el cumplimiento de los derechos humanos.
