San Salvador, 24 de octubre de 2024
Incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas y peculado son los posibles delitos en los que funcionarios y empresas pudieron incurrir durante la entrega de subsidios de $300 en la pandemia del COVID-19. Cristosal interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue estos hechos.
En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno implementó la entrega de un bono de $300 que debía estar destinado a las familias más afectadas económicamente. Este subsidio se financió con más de 400 millones de dólares provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
Sin embargo, un Informe de Examen Especial de la Corte de Cuentas detectó 22 irregularidades en el proceso de distribución, entre las que se incluyen la falta de controles, la carencia de documentación en las operaciones y contrataciones irregulares de empresas.
El proceso de distribución del subsidio de $300 durante la pandemia estuvo marcado por graves irregularidades. No se implementaron controles suficientes ni medidas de seguridad informática para asegurar una correcta entrega de los fondos. Además, se realizaron contrataciones directas sin la debida documentación y se efectuaron pagos indebidos a personas que no cumplían con los requisitos, incluyendo beneficiarios duplicados y cobros en nombre de fallecidos, con un caso destacado que apareció 1293 veces en los listados de beneficiarios.
Entre los funcionarios que participaron en el proceso de distribución del subsidio y que podrían estar involucrados se encuentran Vladimir Handal Monterrosa (entonces secretario de Innovación), María Luisa Hayem (ministra de Economía) y Mario Edgardo Durán Gavidia (entonces ministro de Gobernación). Asimismo, el aviso pide investigar la participación de empresas proveedoras de servicios tecnológicos y financieros que podrían haber facilitado la distribución irregular de los fondos.
Cristosal insta a la Fiscalía General de la República a iniciar las acciones legales correspondientes para que se determinen las responsabilidades penales de los involucrados y reitera la necesidad de transparencia y justicia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia.