San Salvador, 20 de marzo de 2025.
A cinco años de la emergencia sanitaria por COVID-19 y con una nueva Ley Anticorrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) no ha investigado las presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de ese periodo. Ante esta omisión, Cristosal presentó una denuncia ante el TEG para que se investigue a Francisco José Alabí Montoya, titular del Ministerio de Salud, y Jorge Alejandro Aguilar Zarco, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), en un esfuerzo por garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Entre los hechos denunciados destaca la compra de 100,000 protectores faciales por parte del Ministerio de Salud a la sociedad INSEMA, S.A. de C.V., de la cual Aguilar Zarco era accionista y presunto beneficiario final. De acuerdo con la documentación de la compra, que se aporta, el contrato fue por $250,000, a un precio unitario de $2.50 por cada protector facial de la marca Invemask. Este precio representa un sobreprecio del 121%, en comparación con los precios ofrecidos a otras entidades privadas.
Al momento de la contratación, Aguilar Zarco ejercía como presidente del FONAES y mantenía su condición de accionista y beneficiario final de INSEMA, lo que constituiría un conflicto de intereses. A este hecho se suman los actos públicos de donación de protectores faciales de la marca Invemask, producidos por INSEMA, que podría interpretarse como una promoción de marca desde su cargo público.
Otro aspecto alarmante es que los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas según el decreto legislativo vigente, lo que sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales.
La denuncia incluye documentos que respaldan estas acusaciones, como acuerdos ejecutivos, declaraciones patrimoniales, órdenes de compra, cotizaciones y credenciales sobre la relación de Aguilar Zarco con INSEMA. Asimismo, propone actos de investigación como la solicitud de informes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Hacienda, para determinar si el expresidente del FONAES recibió salarios o dividendos de dicha sociedad.
Cristosal urge al TEG a investigar estas irregularidades de manera inmediata y a establecer responsabilidades, asegurando que el dinero de los salvadoreños y salvadoreñas se utilice de manera transparente y eficiente.