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Ciudad de Guatemala, 24 de septiembre de 2025
La resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Ruth López confirma la situación de grave riesgo para su vida e integridad personal que Cristosal ha venido denunciando. La defensora es víctima de una detención arbitraria y se encuentra en absoluta incomunicación, como parte de una política de persecución y criminalización promovida por el régimen de los hermanos Bukele contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas en El Salvador.
Este importante órgano de protección de derechos humanos determinó que la incomunicación impuesta a Ruth López constituye una condición cruel e inhumana que vulnera las garantías procesales de toda persona detenida. Al mantenerla aislada del exterior, se le ha privado del contacto con el espacio cívico nacional y regional en el que participaba activamente, configurando un silenciamiento de su voz crítica.
Como Cristosal ha sostenido, la detención de Ruth fue arbitraria e injusta; el proceso penal en su contra ha estado plagado de violaciones a las garantías judiciales y se le niega su derecho a un juicio público y a participar activamente de su defensa. La incomunicación absoluta es una modalidad de tortura y ocasiona un grave riesgo de desaparición forzada.
En su resolución, la comisión, que otorga medidas cautelares a Ruth, reconoce “la situación de gravedad y urgencia en que se encuentra Ruth de enfrentar un daño irreparable a su vida, integridad personal y salud” y solicita al Gobierno de El Salvador: 1- Adoptar medidas para proteger sus derechos y garantizar condiciones de detención de acuerdo con los estándares internacionales. 2- Que cese inmediatamente su situación de incomunicación. 3 – Garantizar el contacto regular y el acceso de sus familiares y abogados. 4- Revisar la continuidad de la prisión preventiva, incluyendo la posibilidad de evaluar otras medidas sustitutivas.
Esta resolución también marca un precedente relevante para que el Estado ponga fin a la práctica de incomunicación total impuesta a personas privadas de libertad, así como al uso indebido de la prisión preventiva sin fundamentos legales suficientes. Ambas prácticas, ilegales y sistemáticas, se aplican en el marco del régimen de excepción.
La CIDH también emitió medidas cautelares para el abogado Enrique Anaya, pidiendo igualmente que cese inmediatamente su incomunicación y se revise la medida de prisión preventiva. Por tanto, demandamos el respeto a las garantías judiciales de Ruth, de Enrique y demás personas que están detenidas arbitrariamente en El Salvador por razones políticas.