La muerte de la Cicíes estuvo anunciada desde su nacimiento. No se podía esperar que una comisión contra la impunidad, que por estatutos tenía que responder al Ejecutivo, rindiera frutos en un Gobierno que ha demostrado que quiere desenmascarar la corrupción de los demás, pero le incomoda que se le exija a él. Basta con leer el comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la terminación del convenio, en donde se señala la actitud recurrente de la adminstración Bukele de “inducir a la Cicíes a investigar acciones de los políticos de oposición exclusivamente”.
Hace casi siete meses, en otra columna, urgía sobre la importancia de una Cicíes independiente y fuerte en el combate a la impunidad. A cambio, lo que obtuvimos fue su desmantelamiento. Por más que el presidente Bukele justifique que la decisión corresponde a la supuesta contratación del exalcalde Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA, lo cierto es que Bukele no está dispuesto a que una comisión internacional descubra la corrupción que hay en su Gobierno. Ni ningún ciudadano de la República, para ser sinceros.
La cosa es simple: en el transcurso de 2020, la Cicíes encontró irregularidades en el uso de fondos del Estado que podrían constituir delitos. Tal como estaba mandatado, lo informó al Gobierno y este no quiso hacer nada. En un acto de rebeldía, la Comisión presentó por su cuenta tres avisos a la Fiscalía General de la República (FGR) en julio del año pasado (12 avisos en total hasta este año, según informó el Comisionado Ronalth Ochaeta en abril 2021). Esto demostró que la hasta entonces pasiva Cicíes no estaba dispuesta a ser instrumentalizada.
El comunicado del Secretario General de la OEA, aunque tardío por la calidad de las denuncias, deja en evidencia que los intentos por instrumentalizar la comisión no son teorías conspirativas contra el Gobierno, sino una realidad que va desde la negativa a publicar su informe sobre el uso de los fondos, pasando por la obstaculización en la investigación de las denuncias de corrupción, hasta las presiones para que se investigara exclusivamente a políticos de la oposición.
Sepultar la Cicíes, más allá de una evidencia de la falta de voluntad para combatir la corrupción y de una promesa incumplida, es un precedente grave por todo lo que está alrededor. Constituye una piedra más en el andamiaje autoritario y de concentración de poder que impulsa este Gobierno desde el 1M, en donde no caben entidades de control independientes.
Pretender instrumentalizar a la Cicíes convirtiéndola en “un esfuerzo retórico” –en palabras del Secretario General– es una defraudación del interés público. Los actos de obstrucción y entorpecimiento de la justicia constituyen el delito de encubrimiento (art. 308 CP), por el cual deberían ser investigados el presidente y todos los funcionarios involucrados.
Ahora el Gobierno -según comunicado de Cancillería- considera que al Secretario General de la OEA, le “falta de ética y legitimidad”, aunque durante todo el tiempo que duró la Cicíes lo consideraron socio confiable, indicativo de los cambios desfavorables en el entorno internacional para la gestión de Bukele con el nuevo gobierno estadounidense y las críticas unánimes de la comunidad internacional a lo que sucedió el 1 de mayo.
Es difícil saber a qué se refirió el presidente Bukele al decir que van a buscar otras opciones a la Cicíes. Las comisiones internacionales de este tipo hasta ahora ha sido desarrolladas con la OEA y ONU, caminos que, evidentemente, no seguirá este Gobierno. Una Comisión Regional Anticorrupción es algo que se ha explorado, pero poco creíble para países con malos precedentes y sin voluntad política para combatir la corrupción. Otras figuras más domésticas, como una comisión contra la corrupción –existente en países como Perú–, o el nombramiento de un comisionado en la materia son posibilidades, en la medida que se busque una figura que se pueda controlar y que aborde la corrupción de los demás, pero no la propia.
La lucha contra la corrupción nunca ha sido fácil en El Salvador, y debemos recordar que lo que se logró avanzar en los últimos años ha sido propiciado desde el periodismo de investigación, de iniciativas de sociedad civil y de la acción legal de quienes han sido afectados por la corrupción. Al parecer, en el contexto actual dependerá de la población organizada nuevamente empujar el combate a este flagelo.